El Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva ha suspendido el juicio contra un empresario marroquí afincado en Cartaya que trataba como si fueran esclavos a cinco de sus trabajadores, que eran compatriotas suyos, al no haber comparecido a la vista las víctimas y denunciantes de los hechos.
Así lo ha indicado a Efe el abogado, Fernando Osuna, que ejerce la acusación particular en representación de los trabajadores, quien desconoce los motivos por los que sus clientes no han acudido al juicio ya que "estaban avisados".
Ante esta incomparecencia el juez ha decidido suspender el juicio, pues de celebrarse sin los denunciantes "podría ser causa de nulidad del procedimiento" y "dar un plazo de cinco días para contactar con estas personas y saber qué ha pasado" al tiempo que ha fijado como nueva fecha para la vista el próximo 14 de abril.
Se trata de la tercera vez suspende este juicio, después de que en diciembre del 2010 no pudiera celebrarse por la imposibilidad de comparecer del abogado del imputado y en junio del 2011 por encontrarse el acusado en paradero desconocido.
La acusación pide para esta persona 40 años de cárcel, mientras que la petición de la fiscalía es de 14 años, al considerarlo responsable de un delito continuado de estafa, 5 delitos de imposición de condiciones laborales, un delito contra la Administración de Justicia y una falta de lesiones.
Según el escrito de acusación, los demandantes se encontraban trabajando a principios del 2008 en una empresa textil en Marruecos cuando, a través de uno de sus jefes, conocieron al padre de este empresario quien les comunicó que su hijo necesitaba empleados para su empresa textil en España.
Se les pidió 7.500 euros para sufragar los gastos derivados al arrendamiento de la vivienda en la que se iban a alojar en España, y los gastos de gestión de los permisos de trabajo y residencia que había que tramitarles en el organismo correspondiente.
El acusado les ofreció un sueldo de 1.500 euros al mes, trabajando la jornada laboral establecida en España, con categoría de especialistas en textil, que les proporcionaría una vivienda y que los domingos sería su jornada de descanso.
Una vez en Cartaya esos compromisos no fueron cumplidos, ya que trabajaban en condiciones infrahumanas y además, "los amenazaba, les impedía que tuvieran trato o conversación con los otros trabajadores y en ocasiones llegó a maltratarles físicamente y a vejarles, golpeándoles y escupiéndoles a la cara".
El único salario que percibieron en el tiempo que estuvieron trabajando para el acusado fue 200 euros a repartir parta todos ellos y en todo el tiempo que estuvieron trabajando para el acusado, "comían del poco dinero que se trajeron de Marruecos y de lo que les proporcionaban los servicios sociales de Cartaya".
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