De entrada, no. Es un juicio a una Administración que usó un mecanismo administrativo, el llamado “procedimiento específico” - gasto sin control previo-, y una partida presupuestaria -consignada con publicidad- la 31-L para hacer frente a las empresas en crisis y al pago de ayudas socio-laborales de los EREs, con las jubilaciones anticipadas y otras ayudas a empresas necesitadas de reestructuración. Pero su realización no fue un cuento de hadas. Faltaba la libre concurrencia en las ayudas y una parte de la motivación era la consecución de paz social por la depresión económica. Algunos inflaron los censos de afectados y entraron en torno a 100 intrusos, aunque el total de los afectados por los EREs era superior a 5000 trabajadores. También las comisiones cobradas por intermediarios y aseguradoras fueron infladas con presuntos aprovechamientos ilícitos. Determinados usos truculentos de algunas ayudas, que escandalizaron a la opinión publica, y la sospechosa concentración en zonas geográficas concretas, como la Sierra Norte de Sevilla, dieron un aroma que ha perjudicado sobremanera a los encausados.
Si la pieza principal tiene más de 200.000 folios y 340 tomos, la de los responsables políticos tiene más de 16.000 y 38 tomos, lo que hace visible la complejidad del caso tras años de instrucción. Alaya llegó a los 50 acusados políticos, Alvaro Martín la rebajó a 26 y el proceso que se inicia hoy en la Audiencia de Sevilla comprende a 22. Dos presidentes de la Junta de Andalucía, seis consejeros y el resto, altos cargos de la administración autonómica.
¿Es un proceso a la Junta? No se acusa a la generalidad de los que se sentarán hoy en las sillas dispuestas ante el tribunal de beneficio económico personal alguno, lo que en los tiempos que corren es muy preciso destacar, -salvo en casos ya muy conocidos- sí de prevaricación o malversación. Pero es evidente que durante varios meses 150 periodistas acreditados estén contando los pormenores de las irregularidades que han llevado a este juicio no puede ser nunca positivo para la fuerza política que ha gobernado Andalucía desde el inicio de su autonomía. ¿Como terminará este juicio? Depende de hasta dónde se quieran trasladar las presuntas culpabilidades. Aquí se ha querido llegar intencionadamente hasta la cima del poder político, pero las responsabilidades políticas se han pagado. Ahora se trata de otra cosa.
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