Lo que se debate en este 28-F diferente es si Andalucía merece o no una dedicación absoluta o puede compatibilizarse la máxima representación y la cabeza del poder ejecutivo andaluz con la de un partido estatal. Nunca tenía que haberse debatido porque debería estar fuera de toda duda. La dedicación exclusiva y excluyente de la Presidencia de la Junta de Andalucía es tan de cajón que el debate está de más.
El Estado de las Autonomías crea una lógica de representación que impide que quien representa a una parte lo haga, al mismo tiempo, al todo. Lo que no significa que no se puede defender una comunidad autónoma -.la parte- con la idea del todo –el Estado-. Lo que no se puede es representar y defender una comunidad autónoma y al Estado por parte de la misma persona, como algo ordinario o consuetudinario. Las situaciones excepcionales lo permiten todo, la normalidad democrática no. No se trata de la representación del Estado y del partido que gobierna o está en la oposición en el marco estatal, como ha sido una tradición en España o la representación equivalente en cualquier comunidad autónoma, es decir, la presidencia o el cargo correspondiente en la oposición y la responsabilidad del partido.
Cuarenta años después del arranque de la autonomía andaluza y diez años tras la aprobación de un actualizado Estatuto de Autonomía parece que este debate debería ser superfluo. No es porque la situación económica o social así lo exija, no es porque una determinada comunidad autónoma tenga gravísimos problemas, -y Andalucía los tiene -, ni siquiera es por los múltiples conflictos de competencias con el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, sino porque el Estado de las Autonomías ha creado un marco –en la práctica- federal que condiciona radicalmente la acción de los gobernantes y, con la lógica aplastante del Estado autonómico, así lo exigen los ciudadanos, porque tienen una vocación imparable de avance, nunca de retroceso.
Andalucía tuvo una vía de acceso a la autonomía excepcional y fue en confrontación con los poderes estatales. Lo dice el Estatuto: “Andalucía ha sido la única Comunidad que ha tenido una fuente de legitimidad específica en su vía de acceso a la autonomía, expresada en las urnas mediante referéndum, lo que le otorga una identidad propia y una posición incontestable en la configuración territorial del Estado”. Por eso.
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