Tal como cabía esperar dados los antecedentes, el presidente de la Generalitat no ha dado una respuesta clara al requerimiento del Consejo de Ministros para que confirmara si había declarado la independencia y ha lanzado un órdago a Rajoy con nuevas e inaceptables exigencias y hasta dándole su propio plazo: dos meses para concretar una mediación.
Puigdemont trata en el plano interno de no perder el apoyo de los independentistas radicales al tiempo que procura internacionalizar el conflicto adjuntando resoluciones como la del Parlamento de Eslovenia, a la que copió la fórmula de amagar con una declaración de independencia que suspendió ocho segundos después.
El presidente catalán se coloca en el mismo plano que Rajoy, de igual a igual, ofreciendo un diálogo-trampa que sólo tiene una única salida posible: la admisión de la secesión de Cataluña. La presenta como si estuviera ocupada al exigir la retirada de las Fuerzas de Seguridad y pide que la Justicia, un poder independiente del Ejecutivo, no actúe contra el jefe de los Mossos por sedición el 1-O.
La generosidad de nuestra Democracia le da aún de plazo hasta el jueves para que Puigdemont se retracte, restaure la legalidad vulnerada y plantee sus demandas dentro del marco constitucional, pero hay pocas esperanzas de que lo haga. El Gobierno debe prepararse para aplicar el artículo 155, en defensa de España y de la propia Cataluña.
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