El Parlamento de Andalucía votó en noviembre de 2012 contra el dictamen de la Comisión de Investigación sobre el caso de los ERE. El presidente de la Comisión, Ignacio García (IU), había explicado en la presentación del documento que éste era fruto de su propuesta de síntesis, pero que había sido mutilado por el PSOE y el PP, los cuales habían eliminado el 20% del texto y el 60% de las conclusiones.
En las de IU, por entonces socia de gobierno del PSOE en la Junta, se decía lo siguiente: “Existe, indudablemente, una responsabilidad política directa por actuación en el ámbito de la Consejería de Empleo. Comenzando por la Dirección General, desempeñada fundamentalmente en este tiempo por Francisco Guerrero… Esta responsabilidad política se extiende a los que fueron sus inmediatos superiores, los viceconsejeros Antonio Fernández y Agustín Barberá, que permitieron actuar al señor Guerrero sin ningún control… Asimismo, la responsabilidad de primer nivel o máxima magnitud alcanza a los que en el tiempo investigado fueron consejeros de Empleo: José Antonio Viera y Antonio Fernández….”.
Según el testimonio del presidente de la Comisión, el PSOE, partido que sustentaba y sigue sustentando el Gobierno andaluz, se negó a admitir cualquier tipo de responsabilidad política del exconsejero Antonio Fernández. Cuatro años después, la Junta pide que éste sea condenado a seis años y medio de prisión por malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Los andaluces se preguntarán por qué el PSOE protegió entonces al antiguo consejero de Empleo y ahora la Junta quiere enviarlo a la cárcel.
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