Los siete meses en prisión a María Salmerón le pueden costar perder la custodia de su hija y que ésta pasara al padre, condenado por maltrato y, sobre todo, con una menor que ya ha manifestado que no quiere estar con su progenitor. Las leyes están para cumplirlas, dicen, pero la desproporción de algunas condenas o de sus consecuencias hacen injusta a la justicia y cuando se producen este tipo de situaciones, con menores implicados, es obligado repensar la norma y revisarla si es necesario.
Con este tipo de casos, da siempre la sensación de que la víctima es doble víctima, del maltratador y del sistema, y no son pocas las voces que insisten en la necesidad de ajustar la legislación para evitar lo que de facto es una verdadera injusticia. “No se puede condenar a la mujer que necesita la protección y dejar en libertad al maltratador”, dicen desde la organización Women’s Link. Si vale la premisa de que no se puede condenar a la víctima y dejar libre al agresor, por justicia también debería aplicarse al ámbito de la violencia machista. En verdad, se debería aplicar a todos los ámbitos legislativos, aunque en la práctica son muchas las situaciones en las que podemos constatar que la víctima se queda siempre, no sólo como tal, sino además, sin protección ni resarcimiento alguno.
Tampoco parece lógico que en una sociedad que se dice desarrollada, libre, democrática y justa, que vive en un Estado de derecho, se tenga que estar pendiente de una decisión política -llamada indulto- para poder corregir los errores o los efectos de la Justicia. Las leyes, igual que su aplicación, pueden ser flexibles según eximentes y agravantes, deben ser objetivas y un político es lo más alejado de la objetividad que tenemos en este país. Porque, quizás, y sólo quizás, si el Gobierno hubiera tenido la misma celeridad en decidir dar el sí a la concesión del indulto de María Salmerón, como sí ha tenido en otros casos, pudiera haber evitado la situación que ahora está sufriendo esta mujer.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
