En términos comerciales, nadie puede dudar que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tiene razón en la polémica surgida con IU en el seno del Gobierno andaluz por la próxima visita de su vicepresidente, Diego Valderas, a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia).
De entrada, si Valderas, ya sea como miembro del Gobierno andaluz o como dirigente de la dirección de IU, lo realizara en breve podría estropear el encuentro entre empresarios andaluces y marroquíes, pactado por Díaz con Mohamed VI y previsto para el mes que viene.
En términos de seguridad, el Reino alauita, con un yihadismo cada vez más presente en el norte de África, también es un país clave para España y para la UE.
En definitiva, podemos concluir que la oposición de la lideresa andaluza al viaje es un acto de realpolitik.
Sin embargo, no es menos cierto que el bueno de Diego no engaña a nadie cuando quiere mostrar públicamente su apoyo a los saharauis con un viaje a Tinduf.
Está en el ADN del programa electoral de IU y la inmensa mayoría de sus votantes son más prosaharauis que promarroquíes. Además –y esto es importante-, el Gobierno de coalición, con el visto bueno del PSOE, ha invertido en los campamentos de refugiados dinero público andaluz.
Así las cosas, Valderas está habilitado política e institucionalmente para viajar cuándo y cómo quiera a Tinduf. Lo suyo sería un acto de coherencia política.
En el caso de Susana Díaz, el asunto es algo más peliagudo. Si bien como presidenta de la Junta está obligada a fomentar las relaciones comerciales con Marruecos y a seguir las directrices geoestratégicas que marca el Gobierno de España y la propia UE con respecto al país vecino, no puede ni debe ignorar que el electorado socialista también es mayoritariamente prosaharaui. Y eso no ha cambiado en esencia desde septiembre para acá, cuando fue recibida casi como una jefa de Estado que no es por Mohamed VI, un monarca que, dicho sea de paso, no es precisamente un adalid de las causas democráticas.
En cualquier caso, el viaje parece no tener la suficiente chicha para justificar una ruptura. Quizá la asamblea que IU prevé celebrar en junio para evaluar al Gobierno andaluz sea una excusa más apropiada. O quizá las cifras del paro en Andalucía justifiquen sobradamente el punto y final antes del 12 de febrero para invitar a los andaluces a las urnas en marzo. Pronto se verá.
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