Como decíamos ayer, el verano pasado, el Gobierno del PP inició una durísima campaña contra Gibraltar, a raíz de que el Ejecutivo gibraltareño lanzara ‘unos bloques de hormigón con pinchos’ contra ‘los pobres pescadores españoles’ para construir un arrecife artificial.
En la ofensiva, dirigida personalmente por el ministro Margallo, que hizo suyas las tesis del ministro franquista Fernando María Castiella –el mismo que cerró la frontera en 1969-, denunció también ante la CE el ‘bunkering’ y unos rellenos en el Peñón, así como el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales. Ah y está la arena de Valdevaqueros, esa misma de la que nunca más se supo, que comparten Gibraltar y Algeciras y que algún listo del PP pretendía que la pagara Convent Place.
Acosado por el ‘caso Bárcenas’, el Ejecutivo de Mariano Rajoy utilizó Gibraltar como una cortina de humo para desviar la atención de la opinión pública española. Gracias al despliegue desmesurado de los principales medios de comunicación, que compraron sin contrastar la mercancía que le ofreció Exteriores –como si fueran las inserciones de obligado cumplimiento del franquismo-, lo consiguió en gran medida. Y dañó la convivencia de forma muy seria en la zona.
Sin embargo, un año después de aquello, la CE ha validado medioambientalmente el arrecife artificial, el ‘bunkering’ y los rellenos, dejando en evidencia a la diplomacia española. Las cortinas de humo se han convertido en cortinas rasgadas.
Especialmente sangrante ha sido la utilización espuria de los bloques. A sabiendas de que en las costas españolas existen 130 arrecifes artificiales similares, a sabiendas de que la zona sobre la que se arrojaron no era de producción marisquera según la propia normativa andaluza –por tanto, no se hacían analíticas de toxinas y no se podía pescar-, utilizaron los bloques para justificar implícitamente la dureza de los controles en la frontera.
Y lo siguen utilizando pese al fiasco. La delegada del Gobierno en Andalucía dijo el pasado fin de semana que en Europa están contra los bloques. Que no, hija mía, que la UE ha dicho todo lo contrario, que no hay ni un solo científico que esté en contra del arrecife. Bueno, a lo mejor, aquel primo de Rajoy negacionista del cambio climático discrepa algo, aunque sólo sea para que no le crezca la nariz más de un palmo a esta buena señora.
Este verano, el Gobierno ha vuelto a la carga con Gibraltar, prologando la crisis diplomática que tiene abierta desde hace dos años con el Reino Unido, socio en la UE y la OTAN y primer cliente turístico de España.
A propósito de un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que confirma la existencia de indicios de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales, el Gobierno ha orquestado una nueva campaña contra Gibraltar en pleno mes de agosto.
Lo del contrabando es más que evidente, pero hay que atribuir su incremento principalmente a la realidad socioeconómica de una provincia que viene soportando durante la crisis un paro por encima del 40%. Para nuestra desgracia, según reconoce la propia OLAF, la inmensa mayoría de las organizaciones vinculadas a esta actividad ilícita son españolas.
Para minimizar el problema, Gibraltar subió en los últimos dos últimos años un 63% el precio del tabaco, que es allí más caro que Ceuta, Melilla, Canarias y Andorra, y limitó a un cartón por persona la venta en su territorio.
Además, según los datos de 2013 de la propia Agencia Tributaria española, las aprehensiones de tabaco en la frontera de Gibraltar representan tan sólo el 9% de las que se producen en toda España. Es verdad que en la Comandancia de la Guardia Civil, que tiene bajo su jurisdicción el Puerto de Algeciras, se elevan al 21%. Pero hasta ahora se desconocen los datos oficiales sobre esta actividad ilícita en las instalaciones portuarias algecireñas. Cuando se sepan, se conocerá la cifra real.
Y la acusación de blanqueo generalizado resulta de chiste teniendo tan recientes verdaderos casos de blanqueo como los protagonizados por el ex tesorero del PP, Jesús Bárcenas, en Suiza, y el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en Andorra. ¿Por qué en el pequeño país de los Pirineos no hay colas? ¿Por qué allí no están las fuerzas antidisturbios de la Guardia Civil para registrar la cartera a los ciudadanos?
Además, quizás si Montoro hubiera aceptado la oferta de colaboración fiscal que le brindó Picardo hace algo más de un año o simplemente aplicara los mecanismos de transparencia y colaboración fiscal de la OCDE y de la propia UE, estaríamos hablando de otra cosa bien distinta.
Pero no, no les conviene combatir eficazmente esta actividad ilícita, porque eso impediría la instrumentalización política que cada verano hace de Gibraltar para satisfacer a una extrema derecha muy activa gracias al calor que le da Exteriores, o viceversa.
En fin, sólo cabe esperar que el diálogo, con la mediación de la UE, se imponga, y que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se entere de que Gibraltar aporta más del 20% del PIB del Campo de Gibraltar, según varios estudios contrastados. Y, sobre todo, que ponga pie en pared ante el hostigamiento que sufren casi a diario 30.000 gibraltareños y 10.000 trabajadores andaluces, una situación que, por ejemplo, en Andorra, tan cerquita de Cataluña, sería inimaginable, aunque Pujol haya tenido allí su paraíso de impunidad durante cerca de 40 años.
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