El grupo socialista en la Diputación de Huelva presentará este miércoles en el pleno ordinario del mes de diciembre tres mociones, en las que pide la derogación de la Reforma Laboral y la Reforma Local, impulsadas por el Gobierno Central, así como el impulso de un pacto de estado contra la violencia de género, que finalmente se convertirá en una declaración institucional con el respaldo de todos los grupos políticos con representación en el ente provincial.
En rueda de prensa, el portavoz del equipo de gobierno, el socialista José Luis Ramos, ha desgranado estas iniciativas. Respecto a la derogación de la Reforma Local aprobada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, Ramos considera que "ha puesto en jaque la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años".
A su juicio, "la reforma priva a las entidades locales de muchas de sus competencias, habiendo sido el mayor ataque a la autonomía local desde la aprobación de la Constitución", a lo que ha añadido que esta ley "consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado, y en especial de las entidades locales, al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las administraciones públicas en vez de situar la atención a los ciudadanos y la calidad en la prestación de servicios en el centro de la reforma".
Para Ramos, "lo que necesitamos son ingresos y esto no se consigue con techos de gastos y planes de ajustes". Por eso, tras las elecciones del próximo 20 de diciembre, ha instado a "la inmediata derogación de esta norma".
En la segunda moción, el PSOE pide la derogación de la Reforma Laboral, aprobada en 2012, "la cual sólo ha traído más desempleo, menos afiliaciones a la Seguridad Social y menos personas cobrando las prestaciones".
En esta línea, ha destacado que de los 55.660 parados que tenía la provincia de Huelva en agosto de 2011, se ha pasado a 57.560 en agosto de 2015. Al mismo tiempo, ha recordado que la provincia ha pasado en ese intervalo de tiempo de 194.570 afiliaciones a la Seguridad Social a 182.336 y que el número de personas cobrando las prestaciones ha disminuido en unas 4.500.
Por ello, ha subrayado que esta norma "ha devaluado los salarios, ha dejado en clara inferioridad a los trabajadores frente a los empresarios y ha eliminado de un plumazo los convenios colectivos". Además ha añadido que "las facilidades para la flexibilidad interna no han ayudado ni a frenar la destrucción de empleo, ni a la creación de más empleo, ni al que se haya creado haya sido de calidad", indicando además que "se ha cargado de un plumazo la negociación colectiva".
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
En cuanto a la moción para impulsar un pacto de estado contra la violencia de género, convertida en declaración institucional, José Luis Ramos ha insistido en que los poderes públicos deben implicarse "hasta la extenuación" en el pacto, abordando el problema en la educación, desde las edades más tempranas de la formación de niños y niñas, dotando a la justicia de los medios necesarios para alcanzar su máxima eficacia, y ampliando el concepto de víctimas, entre otras situaciones, a la explotación sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral o la discriminación al colectivo LGTBI.
La finalidad de este pacto de estado es "la erradicación de cualquier forma de violencia de género, eliminando las víctimas mortales de cualquier estadística; el aislamiento de los violentos; y dignificar y recuperar la vida de las víctimas, así como la de sus familiares, transmitiéndoles la esperanza en los nuevos horizontes que se le presentarán en la vida".
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