Urgen a la Junta a proteger la actividad de los chiringuitos ubicados en playas naturales

La urgencia, según la FOE, viene dada por el hecho de que el reglamento de Costas da un plazo de un año a la Junta de Andalucía para proceder a tal modificación y el mismo finaliza el próximo 12 de octubre

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  • Chiringuito onubense -

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha urgido este miércoles a la Junta de Andalucía a "solucionar definitivamente" la situación de los chiringuitos ubicados en playas que pudieran ser consideradas por la Ley como naturales, protegiendo así a los establecimientos allí instalados.

La urgencia, según ha explicado la FOE en un comunicado, viene dada por el hecho de que el reglamento de Costas da un plazo de un año a la Junta de Andalucía para proceder a tal modificación y el mismo finaliza el próximo 12 de octubre.

Desde la patronal se ha advertido sobre los perjuicios que tiene para los chiringuitos que se encuentran en las playas consideradas como naturales con respecto a los que se encuentran en las calificadas como urbanas.

Y es que se les limita su superficie a 70m2 como máximo, (20 para cocina y barra y 50 para terraza), requieren de una concesión administrativa y además se les obliga a que sean desmontables una vez terminada la época estival, algo que hace inviable la gestión empresarial de los mismos.

Desde el pasado mes de abril, la FOE viene trabajando para remediar tal situación y desde esa fecha se han celebrado reuniones primero con la Dirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre del Ministerio, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y posteriormente con la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El objetivo de estos encuentros era poner de relieve la singularidad del litoral onubense con respecto al resto de España y, exigir, por tanto, un tratamiento diferenciado en lo que a la aplicación de la Ley respecta.

Los empresarios confían en que las Administraciones central y autonómica sean "sensibles" con los concesionarios de los chiringuitos afectados, y puedan amoldar la normativa a esas características, de forma que no se les obligue a cerrar sus negocios -dejando a los ciudadanos sin servicio- o a hacer cuantiosas inversiones imposibles de amortizar.

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