La Fiscalía de Huelva ha decidido recurrir en casación la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que absolvió al exalcalde de Aljaraque, Juan Manuel Orta (PP), de un delito contra la Hacienda Pública al entender que la acusación no quedó fundamentada tras la práctica del juicio.
Fuentes de la Fiscalía han precisado a Efe que ya se ha presentado ante la Fiscalía del Supremo el documento anunciando la intención de interponer el recurso y la documentación necesaria para que sea evaluada, pues es ésta la que ha de dar el visto bueno.
Entre los motivos esgrimidos por la Fiscalía onubense está la "falta de motivación de la misma"; además se recurrirá el auto de cuestiones previas dictado por la sala antes de la celebración del juicio por "infracción de ley".
Dicho auto, declaraba nulos los autos judiciales por los que se autorizaron las intervenciones telefónicas en la causa, lo que conllevaba, automáticamente, la nulidad de todas las pruebas que tanto contra los acusados se hubieran obtenido como consecuencia de las mismas y prescrito el delito continuado de falsedad en documento mercantil del que venían siendo acusados tanto Orta como su socio en la empresa 'Taller de finanzas'.
En la causa fueron juzgados también el que fuera su concejal de urbanismo entre 2003 y 2007, Casto Pino, al que la Audiencia sí condenó a por un delito contra la Hacienda Pública a un año y medio de prisión, una multa de 387.000 euros y una indemnización a Hacienda de 193.768 euros, según han informado a Efe fuentes jurídicas, absolviéndolo de otro delito fiscal y de los de blanqueo de capitales y de cohecho.
En cuanto al tercer acusado, A.V.G., economista de profesión y socio del exalcalde en la empresa 'Taller de Finanzas' se le condenó por delito fiscal a un año de cárcel, con multa de 133.683 euros.
La causa era consecuencia de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid presentada en enero de 2007 por el empresario y exmilitante del PP Rafael Barroso, en la que acusaba a Orta y Pino del presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos.
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