El Juzgado de lo Penal de Huelva acoge este lunes el juicio contra un empresario marroquí afincado en Cartaya que trataba como si fueran esclavos a cinco de sus trabajadores, que eran compatriotas suyos, y que se enfrenta a penas de entre 14 y 40 años de cárcel.
Así lo ha indicado a Efe el abogado de los trabajadores, Fernando Osuna, quien ha precisado que está previsto que la vista comience a las 13.00 horas.
Osuna ha recordado que se trata de la tercera vez que se fija la vista oral por esta causa, después de que la primera vez, en diciembre de 2010, tuviera que ser suspendida por la imposibilidad de comparecer del abogado del imputado.
La segunda vez que citaron a todas las partes fue en junio de 2011 cuando no pudo celebrarse por encontrarse el acusado en paradero desconocido.
Sin embargo, el hecho de que hace poco tiempo, según Osuna, haya sido detenido ha permitido el nuevo señalamiento de la vista oral en la que esta persona se enfrente a una petición de condena, por su parte, de 40 años de cárcel.
El fiscal ha calificado los hechos como constitutivos de "un delito continuado de estafa, cinco delitos de imposición de condiciones laborales, un delito contra la Administración de Justicia y una falta de lesiones" y solicita para el empresario 14 años de prisión.
Según el escrito de acusación, los demandantes se encontraban trabajando a principios de 2008 en una empresa textil en Marruecos cuando, a través de uno de sus jefes, conocieron al padre de este empresario quien les comunicó que su hijo necesitaba empleados para su empresa textil en España.
Se les pidió 7.500 euros para sufragar los gastos derivados al arrendamiento de la vivienda en la que se iban a alojar en España, y los gastos de gestión de los permisos de trabajo y residencia que había que tramitarles en el organismo correspondiente.
El acusado les ofreció un sueldo de 1.500 euros al mes, trabajando la jornada laboral establecida en España, con categoría de especialistas en textil, que les proporcionaría una vivienda y que los domingos sería su jornada de descanso.
Una vez en Cartaya esos compromisos no fueron cumplidos, ya que desde el primer día las jornadas laborales fueron de doce a quince horas diarias, descansando una hora para comer al mediodía, "los amenazaba, les impedía que tuvieran trato o conversación con los otros trabajadores y en ocasiones llegó a maltratarles físicamente y a vejarles, golpeándoles y escupiéndoles a la cara".
Además, detalla que el trabajo se realizaba en unas condiciones "infrahumanas", en un garaje de 60 metros cuadrados, "sin ventilación, sólo con luz artificial y además ésta muy escasa, produciéndoles toda esta situación problemas de salud, los cuales no pudieron ser tratados pues nunca se les permitía acudir al médico".
El único salario que percibieron en el tiempo que estuvieron trabajando para el acusado fue 200 euros a repartir parta todos ellos y en todo el tiempo que estuvieron trabajando para el acusado, "comían del poco dinero que se trajeron de Marruecos y de lo que les proporcionaban los servicios sociales de Cartaya".
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