El Partido Popular de Chiclana, a través de su portavoz, Andrés Núñez, y de la concejala Ana María Bertón han denunciado hoy en rueda de prensa “un asunto tan grave que no somos capaces de calificar”. El tema en cuestión es “un ataque contra los derecho de los trabajadores y un posible fraude laboral sin precedentes”, en el marco del Programa de Inclusión Social que gestiona el Ayuntamiento de Chiclana, gobernado por PSOE y Ganemos.
Los hechos han tenido lugar dentro de las contrataciones realizadas en el citado programa, que cuenta con financiación de la Junta de Andalucía, y que busca, según el decreto que lo desarrolla y la orden posterior que lo prorroga, “que las personas con mayor dificultad puedan incorporarse al mercado laboral”. Concretamente, tal y como subraya Andrés Núñez, el decreto dice que se persigue “facilitar experiencia laboral para su posterior incorporación al mercado laboral”.
En este contexto, el PP ha recibido “denuncias por parte de beneficiarios del programa, y dicen que se ha cometido la tropelía de que a personas que han estado trabajando como auxiliares administrativos se les ha contratado como peones de la construcción de edificios. Estos contratos han sido firmados por la delegada municipal de Personal, Carmen Jiménez”.
Para Núñez, “este hecho tiene varias implicaciones: la primera, y fundamental, es que a nivel curricular, precisamente el objetivo del decreto, va a constar que han trabajado en el Ayuntamiento como peones de construcción de edificios, por lo que quienes hayan ejercido como auxiliares administrativos no van a poder acreditar su experiencia de cara a buscar empleo en su campo de actividad”.
Además, el también presidente del PP llama la atención sobre la circunstancia de que “la gran mayoría de personas beneficiarias son mujeres, y se les hace un contrato en un ámbito mayoritariamente dominado por hombres, como es la construcción, con lo que el daño es doble. Si esto lo hace el PP nos tachan de machistas, de no creer en la igualdad y de insultar y atacar a las mujeres”.
Asimismo, desde la formación popular se resalta que “otra cuestión muy importante es que se ha trabajado las mismas horas cobrando menos sueldo, porque el convenio que afecta al peón de la construcción no es el mismo que el del que depende el auxiliar administrativo, lo que afecta también a la base de cotización y las horas de trabajo”. En este sentido añade que “el Ayuntamiento ha pagado menos por un trabajo mayor”. Tal hecho, según el edil popular, “es un posible fraude a la Seguridad Social y un atentado contra los derechos de los trabajadores”.
Andrés Núñez incide en que “estamos hablando de que se han cometido atropellos laborales a los derechos de estos trabajadores. Parece que da igual el perjuicio que se pueda generar a estas personas, que han trabajado más, cobrado menos y encima a nivel curricular el daño es evidente”. En este sentido, reitera que “se incumplen numerosos artículos del decreto que rige el programa y de la legislación laboral. Y lo hace desde el Ayuntamiento de Chiclana el PSOE con Ganemos. Esto lo hace el PP y mañana estamos en Puerto II. No tenemos palabras para adjetivar este tipo de comportamientos”.
Las consecuencias de los hechos han de tener un final claro según el Partido Popular, desde donde se afirma que “la cosa es tan grave que tiene que haber una dimisión, y no vale escudarse en que la delegada municipal, Carmen Jiménez, ha firmado sin leerse los documentos y que es responsabilidad de los técnicos municipales, porque si es así, al técnico oportuno que haya firmado esto lo tienen que crujir, si se me permite la expresión, porque tienen que abrirle un expediente sancionador y tomar medidas”.
En este sentido, expone que “llama la atención que la delegada no se haya dado cuenta de que alguien contratado como peón de obra está trabajando en el Ayuntamiento realizando otra función. Y, además, si a nosotros nos han llegado estas denuncias, entendemos que previamente las personas perjudicadas han acudido al Gobierno local a pedir explicaciones, por lo que desconocimiento no puede haber”.
Por su parte, Ana Bertón manifiesta que “nosotros pusimos en marcha el primer proceso de selección de este programa desde Servicios Sociales en el anterior mandato corporativo, porque el primer decreto de inclusión social data de 2013/2014. Se da la circunstancia de que de acuerdo a los requisitos del decreto y de la posterior orden que lo prorroga hace que las personas contratadas sean principalmente mujeres”.
Por tal motivo, entienden los populares que “el modo de actuar del PSOE y Ganemos es un ataque a los derechos de las mujeres, a sus derechos laborales y, sobre todo, a su dignidad como trabajadoras, porque, con todos los respetos a los peones de albañil, este trabajo tiene diferente categoría que un auxiliar administrativo”.
Bertón defiende que “han incumplido el decreto en muchísimos artículos, el cual dice que debe ser un trampolín para la futura inserción laboral de unas personas que son las más vulnerables en estos momentos. Encima, ahora se encuentran con la carga emotiva propiciada por el modo de actuar de PSOE y Ganemos. El hecho es muy lamentable y viene de partidos que están siempre hablando de los derechos laborales de los trabajadores mientras actúan así con estas trabajadoras”.
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