El Juzgado Mixto Número 1 de San Roque ha admitido a trámite una denuncia vecinal contra la empresa Sotogrande S.A. por presunta “estafa y falsedad documental” así como la ampliación de dicha demanda, a la que se han adherido más vecinos y a la que se prevé que se vayan sumando más asociaciones vecinales y particulares a lo largo de los próximas semanas.
El motivo de dicha denuncia es “la presunta estafa creada por Sotogrande S.A. en la zona de La Marina de Sotogrande”, tal y como consta en la ampliación.
Según resumen los representantes de los denunciantes, “por un supuesto negocio de 260 millones de euros en 67 años”. Y es que, tal y como está plasmado en la denuncia, Sotogrande S.A. “ideó un plan para presuntamente estafar a los futuros propietarios de las viviendas de la Marina Interior, que consistiría en modificar el sistema de conservación de la Urbanización, que preveía la creación de una Entidad Urbanística de Conservación (EUC), en su propio beneficio para evitar el pago de los costes de la concesión, y montar un negocio que, hasta el año 2057, le aseguraba la prestación del mantenimiento de las zonas públicas y privadas de la Urbanización. Los ingresos por este servicio ascenderían a más de 4 millones anuales (más de 260 millones en el año 2057), procedente de los 1.500 propietarios que comprarían las viviendas”. Es decir, los demandantes entienden que Sotogrande S.A. “confunde” la concesión de la Junta del puerto (parcela I) con la zona de La Marina (parcela II).
Origen del conflicto
Según se expone en la denuncia, en 1992 la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía emitió un informe sobre el Régimen Especial previsto en La Marina (REM) que indicaba: “se prevé la constitución de una Entidad Urbanística de Conservación que mantendrá la urbanización antes y después de la cesión de los viales al Ayuntamiento”.
En base a dicho Plan Especial, comenzaron las obras de la Marina Interior, y en el año 1995, Sotogrande S.A. absorbió a Puerto de Sotogrande S.A., asumiendo en este momento las obligaciones que como concesionaria tenía la sociedad extinta, que incluía, entre otras obligaciones, la vigilancia, mantenimiento y conservación de todo el espacio concesionado.
Fue entonces, según la denuncia, cuando Sotogrande “creó unas normas” por las que Sotogrande S.A. “podría decidir cuándo crear la EUC, o ceder el mantenimiento a un tercero”.
Entienden que el REM “nunca debió ser inscrito en el Registro de la Propiedad, por ser normas contrarias al Plan Especial” aprobado en 1992 y apuntan que “suponemos que Sotogrande S.A. debió ‘engañar’ al Notario, que no exigió ningún documento acreditativo de lo que manifestaban y, más grave resulta, que después el Registrador de la Propiedad inscribiera dicha escritura”.
Así, la conclusión “es que la inscripción Registral es Nula de Pleno Derecho”, puesto que cuando se inscribió existía una norma, que impedía dicha inscripción, porque la única posibilidad para el mantenimiento era la creación de una EUC”.
Indican que “para poder llevar a cabo el engaño y la presunta estafa, era necesario ir un paso más allá”. Se requería modificar el Plan Especial y establecer que sería Sotogrande S.A. la encargada de la conservación de la zona. Se solicitó al Ayuntamiento una modificación en la que “se pasaba de la creación de una EUC (que ya debería haberse constituido en 1992) al presunto otorgamiento de un derecho a Sotogrande S.A. para mantener la Urbanización” hasta el año 2057. Y aseguran los denunciantes que no existe en el Ayuntamiento ningún informe que acredite dicha modificación. Además, el cambio que afecta a ese “canon” no se publicó en el BOP, como es preceptivo, por lo que entienden que es “ineficaz” y nulo todo lo que haya a partir de ese momento.
La Lista de imputados podría aumentar
Por el momento están imputados en esta causa Sotogrande S.A., L.P., como representante de la empresa; A.C.F, ex secretario municipal y R.F.M, notario de San Roque. No obstante, los representantes de los denunciantes aseguran que la lista se puede ver incrementada próximamente.
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