El juzgado de instrucción número 4 de Algeciras ha abierto diligencias previas para investigar un presunto caso de falsedad documental en el centro de formación perteneciente a la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente Natura.
La sala algecireña ha encargado a la Guardia Civil que inicie una investigación por un presunto caso de estafa documental. Las diligencias se iniciaron el pasado mes de julio, como consecuencia de la denuncia de un particular.
El caso fue dado a conocer por EL FARO INFORMACIÓN el 22 de mayo de 2011, cuando se tuvo conocimiento de que el departamento de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) había recibido una reclamación en la que se denunciaba una presunta negligencia en la tramitación de las contrataciones llevadas a cabo en un centro de formación para el empleo de Algeciras, ubicado en el polígono de La Menacha.
En concreto, la denuncia hacía referencia a que algunos monitores no habían sido contratados, tal y como se les aseguró en una entrevista previa, sino que se les conmino a que se dieran de alta como autónomos, un régimen que, de entrada, no representa una irregularidad en el convenio que regula la actividad de los centros de formación.
Sin embargo, la reclamación llegada al SAE denunciaba que algunos monitores estaban trabajando en el centro sin estar dados de alta en ningún régimen, ya fuera general o autónomo, una circunstancia que se fue paliando de forma paulatina con posterioridad a la denuncia.
Además, según pudo conocer EL FARO en dicha fecha, el centro propuso emitir facturas a los monitores para ingresar cantidades económicas que luego fueran reembolsadas.
Esta situación, que podría ser objeto de la presunta irregularidad de falsedad documental investigada ahora por el juzgado algecireño, apunta a la sospecha de que el centro persiguiera derivar estas cantidades para el beneficio económico propio de la empresa responsable de los cursos, los cuales se contemplan para organizaciones sin ánimo de lucro.
Investigación
Dada la gravedad de los hechos transmitidos, y siguiendo un protocolo de actuación ordinario, el Servicio Andaluz de Empleo dio traslado de estos hechos a la Inspección de Trabajo en la provincia de Cádiz, al objeto de que investigara la supuesta irregularidad en las contrataciones.
Igualmente, se trasladó a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo (FPE) en Sevilla, para que investigara las condiciones en las que se estaban llevando a cabo los cursos, el pago de subvenciones y las supuestas infracciones.
Este medio se puso en contacto en fechas posteriores con la Inspección de Trabajo, donde, tras varias semanas, contestaron que no podían facilitar información al tratarse de una expediente privado. Ahora, un año después, el caso ha motivado una investigación judicial.
Se da la circunstancia de que Natura guarda relación con el ex consejero de la Junta Ángel Ojeda Avilés. Se trata de una empresa que en sólo dos años ha recibido subvenciones por valor de 2,5 millones de euros para formación de desempleados. Fuentes de la Junta explicaron a este medio en enero que se mantenían las subvenciones por una “pura cuestión de presunción de inocencia”.
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