El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha informado que se están llevando a cabo contactos “con el Ayuntamiento” para proporcionar “alquileres sociales” a los vecinos de la promoción de viviendas de la Guardia Civil en Loreto mientras se llevan a cabo las obras de rehabilitación de los bloques residenciales. Esta era una de las respuestas que ofrecía al senador socialista, Francisco González Cabaña, quien insistía en si esa medida se tomará de forma transitoria o hará que los vecinos pierdan el derecho a ocupar esas viviendas, a lo que el portavoz del Gobierno central indicaba que “los vecinos tendrán los mismos derechos que tienen en el día de hoy”.
El socialista instó a Nieto, a que diera explicaciones públicas sobre qué planes tiene la Dirección General de la Guardia Civil en relación a las viviendas y locales que tienen en la barriada gaditana de Loreto. Según el senador, “estas viviendas y los locales presentan un estado lamentable, incluso apuntalados y representan un peligro para las propias familias que habitan esas casas”. Además, ha señalado que “la puesta en valor de esta infraestructura debería estar enfocada a la rehabilitación de las viviendas para dar respuesta a la demanda social, así como servir de revulsivo económico y comercial en lo que respecta a los locales que también posee la Guardia Civil en esa zona”.
Asimismo, los vecinos del colectivo Juan de la Cosa de las viviendas de la Guardia Civil en el Barrio de Loreto continúan en su labor de defensa de los inquilinos de las viviendas. Los “apercibidos de desahucio, por sugerencia de los concejales del PP, han remitido recurso de Petición de Gracia al Servicio de Acuartelamiento”. Dicho servicio responde atendiendo a la Ley Orgánica 4/2001 y afirman que “el plazo máximo para contestar y notificar la contestación es de tres meses desde la fecha de presentación de la petición”. Un hecho al que se refirió también el secretario de Estado de Seguridad.
Asimismo, Nieto indicó que “no habrá ni derribo ni venta”, a la vez que aseguraba que la rehabilitación integral de las viviendas tiene un cronograma previsto de entre cuatro y cinco años, a lo que González Cabaña le rebatía que dichas obras “no pueden estar supeditadas a los Presupuestos de 2021” puesto que “está fuera del ámbito previsible de quienes tienen ahora responsabilidades de Gobierno”. Asimismo, Cabaña entiende que a “la vista, la solución a estos vecinos no será inmediata, máxime cuando no se ha dado el preceptivo trámite de audiencia en la calificación de las viviendas como de apoyo logístico”. Por todo ello, el senador ha mostrado su preocupación y exige al Gobierno de España a que solvente, cuanto antes, esta situación.
Por otro lado, según ha informado el colectivo a Viva Cádiz, el Ayuntamiento ha requerido a la Guardia Civil para que en el plazo de 15 días proceda al adecentamiento de los locales, ubicados en los bajos de las viviendas en cumplimiento de la ordenanza sobre Ornato y Seguridad en edificios.
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