La secretaria provincial del PSOE de Cádiz, Irene García, considera "una exageración" desde el punto de vista del procedimiento judicial e "innecesaria" la detención este martes de los exdelegados de Empleo y Educación de la Junta en Cádiz Juan Bouza y Manuel Brenes en el marco de la operación por el presunto fraude en los cursos de formación financiados por la Junta que investiga la juez Mercedes Alaya, toda vez que entiende que habrían "acudido de manera voluntaria" a declarar.
En declaraciones a los periodistas, García ha dejado claro el "respeto" del PSOE a las decisiones judiciales, si bien destaca "la presunción de inocencia" de Bouza y Brenes, quienes recuerda que "no tienen ya ninguna responsabilidad política" y que "dejaron de tener responsabilidad en el Gobierno andaluz hace ya mucho tiempo".
Asimismo, resalta la "decencia, honestidad e integridad" que afirma que ha caracterizado a los exdelegados durante el ejercicio de sus cargos.
Asegura que el PSOE tiene "muchas ganas de que se aclare todo lo ocurrido", si bien llama la atención sobre la "alarma social" que genera la operación desarrollada este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con las detenciones practicadas.
Incide en que ambos hubieran acudido a prestar declaración voluntariamente y expresa que tienen "dudas" sobre si era "estrictamente necesario para esclarecer los hechos el procedimiento utilizado a lo largo de estos días".
Tras insistir en el respeto a la "libertad, independencia y claridad" de los órganos judiciales, expone su "preocupación" ante el hecho "significativo" de que "el día anterior a las detenciones el PP ya anunciara una comisión de investigación en torno a los cursos de formación", como si el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "tuviera una bola de cristal para saber lo que iba a ocurrir en sede judicial al día siguiente", apostilla. Alerta, además, de que "no es la primera vez que ocurre algo similar".
Asimismo, confía en que la justicia tenga agilidad para esclarecer los hechos y espera que "se aplique la ley con toda la contundencia" a quienes se demuestre que han "metido la mano en la caja".
Por otra parte, García pide al resto de partidos que "tomen nota" de la "agilidad y rapidez" con la que ha actuado la presidenta de la Junta en funciones y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, a la hora de "apartar de manera inmediata" a las personas detenidas que tenían algún cargo de responsabilidad --en alusión a los delegados provinciales de Empleo en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano--.
En este sentido, indica al PP que tiene la oportunidad de "hacer lo mismo" con diferentes cargos en la provincia. Alude directamente a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, quien entiende que debería "dimitir de manera inmediata" por la presunta financiación irregular con fondos de la Caja B del PP de la campaña electoral de los comicios autonómicos de 2004, cuando ella era candidata a la Presidencia de la Junta.
También alude a alcaldes 'populares' imputados como el de San José del Valle, Antonio García Ortega, que recuerda que también es diputado provincial; al de Arcos de la Frontera, José Luis Núñez; al de Tarifa, Juan Andrés Gil, o la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, que recientemente se ha sentado en el banquillo de los acusados por el 'caso Horas Extra' y que tiene otras causas pendientes.
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