El presidente de la empresa municipal Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní, critica que la información aportada por la concejala socialista Marta Meléndez en sus declaraciones sobre la citada empresa “aparece absolutamente manipulada”. Romaní explica que, cuando dice “la auditoría realizada a la entidad refleja nóminas sin titular que suman más de 300.000 euros entre 2012 y 2013”, no está reflejando la verdad de la auditoría, ya que parece como si cada año se destinaran 300.000 euros a esas supuestas nóminas cuando en realidad esa cantidad es la suma de los dos años tal y como se refleja en la auditoría a la que ella hace referencia. Además en dicho apartado de la auditoría nunca se menciona la palabra “nóminas” sino “costes de personal”, es decir –arguye- “tal y como ella sabe o debe de saber incluyendo todos los importes que como la seguridad social van a cargo de la empresa y no del trabajador”.
En opinión de Romaní, resulta llamativo que diga que en unas cuentas públicas auditadas y aprobadas, existe “ausencia de información detallada sobre su plantilla”. En este sentido, el responsable municipal no se explica su intencionalidad: “¿Qué pretende, que se coloquen nombres y apellidos con salarios de cada uno, algo que como sabe o debe saber, está totalmente fuera de la legalidad vigente?”. “Toda la información de este aspecto de Personal y de cualquier otro siempre ha estado y está a disposición de los responsables de la empresa (Consejo de Administración) y no olvidemos que esas cuentas están formuladas y aprobadas”. “Parece evidente, por otra parte, que en una estructura como Aguas de Cádiz tenga más de un directivo. Pues entonces la señora Meléndez verá que esa cantidad que le asombra tanto está dentro del orden de los salarios de la plantilla de Aguas de Cádiz según el Convenio Colectivo en vigor que también ella conoce.
Con respecto a lo que dice Meléndez cuando habla de “sanción pendiente con la Consejería de Medio Ambiente por derramar vertidos en la playa por un valor de 30.000 euros”, Romaní afirma que “de nuevo miente”. Explica que en la página 42 de la memoria aparece la cantidad de 28.539 euros con el título genérico de provisiones para riesgos y gastos, aclarando en la siguiente página que corresponde a sanciones a las que se han presentado alegaciones y “al finalizar el ejercicio no han tenido respuesta por parte de la administración”.
Todas esas “denuncias” son anteriores al 2010, y seguirán figurando en el apartado provisiones para riesgos y gastos hasta que se puedan aplicar, es decir, hasta que vayan venciendo.
Romaní quiere dejar claro que Aguas de Cádiz “no realiza vertido alguno de aguas fecales”, y con respecto a los de pluviales todos están recogidos y aprobados por “RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, DE 20 DE OCTUBRE DE 2012 POR LA QUE SE LE OTORGA AL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ LA AUTORIZACIÓN PARA LOS VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO – TERRESTRE PROCEDENTES DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN DE CÁDIZ”, realizándose en consecuencia todos los controles que en dicho documento se determinan y no habiendo tenido lugar en la red ninguna incidencia desde la mencionada aprobación.
En cuanto al “pufo” al que se refiere la concejala, el responsable de Aguas de Cádiz afirma que “de nuevo miente o simplemente se manipula la información”. Explica que de los 13 millones de euros a los que alude, y según aparece en la propia auditoría (pag 44), 7 millones se cancelarán antes del 2016 y los seis restantes, efectivamente, vencen al 2021, nunca más allá. Todo esto corresponde, como se informa detalladamente en la página 19 de la propia auditoría, a las cantidades que se vienen disponiendo para asumir las obras sujetas al canon de mejora que por un valor inicial de 23 millones de euros y que conjuntamente con la Junta de Andalucía “nos permite la adecuación de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento de la ciudad”. Dicho canon se aprueba en BOJA nº 14 de 19 de enero de 2007, y la misma página 44 de la auditoría, dice que “la sociedad ha cumplido en plazo con todas las obligaciones contractuales derivadas de los préstamos durante el ejercicio”. “Esta misma nota aparece en las cuentas de ejercicios anteriores”, recalca, al tiempo que recuerda que “la sociedad viene dando beneficios de forma prácticamente ininterrumpida desde su fundación”.
Por último, recalca que esas cuentas anuales y la correspondiente auditoría a la que se refiere, como todas las anteriores, han sido puestas a disposición del Consejo de Administración en el momento de la formulación de cuentas; en ese Consejo, donde el Grupo Municipal de Marta Meléndez está representado, se han respondido a todas las aclaraciones demandadas por los consejeros; se han aprobado sin ningún voto en contra, y posteriormente también fueron puestas a disposición respondido a las correspondientes preguntas y, finalmente, aprobadas por la Junta General (Pleno de Ayuntamiento) donde lógicamente está el grupo municipal (PSOE) de Marta Meléndez, y nunca nadie ha interpretado esas cuentas de la forma en la que lo hace la señora Meléndez”.
Por último, Romaní sugiere a Marta Maléndez que predique con el ejemplo y no se precipite tanto en apuntar hacia los demás porque “en vez de dar información de forma precipitada, errónea y con mala fe, bien podría explicar a los ciudadanos el desarrollo de sus cuitas judiciales y qué le ha llevado hasta allí”.
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