El texto fija la postura de la Eurocámara de cara a las negociaciones con los Estados miembros para tratar de sacar adelante la propuesta, lanzada este año por la Presidencia española de la UE con el apoyo de un grupo de países, pero que ha encontrado reticencias en otros socios y en la Comisión Europea (CE).
“Hoy se ha dado un paso muy importante para ayudar a las víctimas de la violencia de género en toda Europa”, ha declarado tras la votación una de las ponentes del informe, la española del Partido Popular (PP) Teresa Jiménez-Becerril.
La eurodiputada ha subrayado que la intención del PE es “garantizar un instrumento de protección comunitario a las víctimas de la violencia de género que sea eficaz” y permitir que las “víctimas se sientan protegidas en cualquier rincón de Europa, al margen de que en cada país esa decisión siga un trámite civil o penal”.
Los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros han llevado al Ejecutivo comunitario y a varios países a poner en duda la viabilidad de la euroorden.
Jiménez-Becerril ha reconocido que esa dificultad le hace tener algunas “dudas” y se ha mostrado consciente de que las negociaciones con el Consejo serán “difíciles”, pero ha subrayado que ayer el PE quiso “mandar un mensaje de superación de esas diferencias”.
La otra ponente, la socialista española Carmen Romero, ha apelado a la Comisión Europea a sumarse al proceso y ha manifestado que lo ideal sería que Bruselas presentara una propuesta que “completara o perfeccionara el mecanismo”.
El Ejecutivo comunitario y, en especial, la comisaria de Justicia, Viviane Reding, se mostraron en un principio muy críticos con la iniciativa de la Presidencia española, al considerar que era confusa y que no tenía una base jurídica adecuada.
Reding ha anunciado su intención de presentar el año próximo un paquete completo de propuestas para mejorar la protección de las víctimas en general.
Romero, sin embargo, subrayó ayer que el caso de las mujeres maltratadas es “específico” y debería contar con su propio sistema.
La euroorden pretende permitir la extensión a otro Estado miembro de las órdenes de alejamiento dictadas en un país para proteger a la mujer maltratada cuando se desplace.
Tras el pronunciamiento de ayer por parte de la Eurocámara, los Estados miembros tienen previsto volver a abordar el asunto en la reunión de ministros de Justicia e Interior.
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