Desde fuera, uno tiende a imaginarse lo que no puede comprender y que sin embargo chirría en relación a lo que también uno imagina qué debería ser la efectividad de los servicios municipales.
Parece ser generalizada la queja que aletea en el ambiente y a la que los ciudadanos, en la consabida conversación de bar, dan rienda suelta sin tapujos y hasta con encono, de su experiencia y relación con la administración pública. Esa administración que, por definición y derecho, debería gozar de la efectividad y puntualidad de la que normalmente adolece y cuyos plazos de tramitación o ejecución suele presentar siglos de demora y alguna que otra subida de calor, cuando no la denuncia pertinente.
En ocasiones, a los políticos se les suele llenar la boca comparando la administración pública - en cuanto a la efectividad que debería tener - con la gestión de empresa, para resaltar esa obligada efectividad y consecuente obtención de beneficios en inversión y ganancias (o viceversa), en este caso para los ciudadanos.
El planteamiento podría tener su punto de razón, siempre y cuando dicho organigrama pudiera baremarse siguiendo las pautas de control que normalmente suelen prevalecer en una empresa exitosa, o lo que es lo mismo, aquella que al final de cada ciclo económico o social alcanza los objetivos presupuestados.
En la administración pública, ya sea esta municipal, autonómica o nacional, existen presupuestos - faltaría más - , existen postulados - los políticos - y existe igualmente un organigrama que al parecer resulta mucho más controvertido de lo que pudiera parecer. Y es que, como decía alguien... los políticos, van y vienen, los ´funcionarios´ se quedan.
No podemos poner en duda la seriedad y eficiencia del colectivo funcionarial de las administraciones, aunque siempre pudiéramos imaginar que, como en todos los colectivos - y en esto nos aconseja la experiencia - existen quienes por apatía, dejación o cualquier otra cuestión de índole más personalizada, hacen gala de su falta de eficiencia y consiguiente perjuicio social de consecuencias claramente perjudiciales, poniendo en un brete aquellos postulados de gestión.
Existe la decisión política; existe la orden presupuestaria; existe la orden ejecutiva y sin embargo la ´bombilla´ no aparece. ¿Cómo se puede comprender esto?
Pero, si se trata de cambiar una bombilla. Ya, pero hace falta un mes para encontrarla...y sigue sin aparecer...
¿Qué pasaría en una empresa privada si para encontrar la bombilla se necesitara un mes? Probablemente algo pasaría. Quizá se podría disimular llevando a cabo quehaceres paralelos, prioridades subjetivadas, o - y por llevar al extremo la búsqueda de razones - la simple falta de efectividad y celo profesional de previsibles y no positivas consecuencias.
No nos cabe duda que la gestión política topa en ocasiones con la efectividad de aquellos rangos ejecutores de los presupuestos y por no enrarecer demasiado el ámbito, diríamos que hasta con caprichos de simpatía o antipatía personal o ejercicios de poder malentendidos. - también nos avala la experiencia - En este caso, es también responsabilidad de nuestros gestores públicos exigir ecuanimidad, puntualidad y eficiencia, lejos de las consecuencias que para el ciudadano de a pie y para quieres reclaman el cumplimiento de este servicio requiere.
Los perjuicios derivados de una mala gestión de la administración pública, podrían enumerarse cuantitativa y cualitativamente de manera ininterrumpida en multitud de ocasiones y,efectivamente, son comentados a pie de barra. Sin embargo, no suelen denunciarse en forma y tiempo adecuados para el sonrojo y vergüenza de los responsables, cuando no para dirimir las responsabilidades legales que pudieran existir.
No acabamos de darnos cuenta de la importancia, más que en una empresa privada, de una gestión efectiva, puntual y - si se nos apura - obligada de nuestras administraciones. Es simplemente un derecho emanado de la representatividad y su consecuencia social, directamente relacionada con ámbitos legales, morales y prácticos de la vida individual como colectiva del ciudadano, cuyo atraso, impuntualidad o dejación ya comentados, es origen de perjuicios de previsibles consecuencias poco recomendables.
Puestos a imaginar, mantenemos un deseo, tanto para la individualidad como para la colectividad. Éste, no puede ser otro que nuestra gestión municipal haga gala de la palabra dada, el verdadero y efectivo deseo de ´cambio´ - palabra manida a veces - y efectivos también los presupuestos aprobados acompañados de la voluntad expresada.
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