A primera hora de este martes, siete familias que habían ocupado dos inmuebles vacíos en la calle Puerto, se han visto obligados a desalojar las viviendas por orden judicial. La Policía Nacional se personaba en las viviendas, ocupadas desde hace varios años, para dar cumplimiento a la orden del titular del juzgado de instrucción número 2 de Sanlúcar, tras una denuncia de la propiedad de los inmuebles.
El desalojo de la llamada 'Corrala de San Antón' se ha producido de forma pacífica. Poco a poco, las familias, entre las que se encuentran varios menores de edad y una mujer embarazada de seis meses, iban sacando sus enseres y cargándolos en sus vehículos. De los diez pisos de los números 5 y 7 de la calle Puerto, las familias ocupaban siete de ellos. En total, 19 personas: 13 adultos, un bebé de tres meses, un niño de 1 año, otro niño de 2 años, uno de seis años, uno de ocho años y otro menor de 13 años. La Policía Local también ha acudido a la zona para regular el tráfico mientras que se producía el desalojo de estos inmuebles, situados justo frente a la Comisaría conjunta de Policía de Sanlúcar.
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Miembros de IU y Podemos estuvieron apoyando a las familias durante el desalojo. A través de su cuenta de twitter, Izquierda Unida Sanlúcar ha rechazado las ayudas que el Ayuntamiento de Sanlúcar había ofrecido a las familias. "No vale 2 meses de alquiler a personas en exclusión que no pueden hacer contratos de alquiler", argumenta la formación de izquierdas.
Una asistente social del Ayuntamiento de Sanlúcar ha estado presente en el momento del desalojo. La oficina de la Vivienda Digna había enviado una carta a los okupas de la corrala de San Antón ofreciéndole una ayuda al alquiler, consistente en un mes de fianza y un mes de alquiler. Hasta el momento, según ha confirmado el Consistorio, ninguno de los afectados se ha dirigido a la Oficina de la Vivienda para solicitar estas ayudas.
Los okupas de la Corrala de San Antón reclamaban un alquiler social que, según fuentes municipales, no ha sido posible negociar con la entidad bancaria propietaria del inmueble, al haber pleitos en curso por parte de ciudadanos que pagaron la entrada de estas viviendas, a las que finalmente no accedieron.
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