Después de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya ordenado reabrir la investigación sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, el consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha manifestado este jueves su deseo de que "haya celeridad" en la tramitación de las diligencias.
"La Justicia, de por sí, tiene tiempos de respuesta no precisamente buenos. Espero que haya celeridad en esta y todas las causas", ha dicho Emilio de Llera, en declaraciones a los medios de comunicación, después de declinar valorar la decisión adoptada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en la resolución de un recurso donde ha sido ponente la juez Mercedes Alaya.
En un auto de 59 páginas, consultado por Europa Press, la Sección Séptima admite las pretensiones de Emérita Resources, que concurrió sin éxito al concurso internacional promovido por la Junta para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, y de Manos Limpias, considerando que "existen indicios" de que "pudiera haber existido una actuación administrativa no meramente irregular, sino suficientemente grave como para que sea necesario continuar la instrucción".
Según agrega el tribunal, "el elevado número de omisiones e incumplimientos relevantes del procedimiento por parte de la Administración Autonómica, indiciariamente arbitrarios, nos obliga a concluir por tanto que en el actual estado de la causa no se puede descartar en absoluto que los hechos pudieran ser constitutivos entre otros de un delito de prevaricación".
"Si todos los procedimientos administrativos deben estar absolutamente sujetos en su tramitación al principio de legalidad, máxime, si cabe, en este caso, pues por las especiales circunstancias concurrentes era exigible un plus de transparencia y de rigor en la actuación administrativa: se trataba de una zona, la reserva minera de Aznalcóllar, donde ocurrió uno de los mayores desastres ecológicos de nuestro país", manifiesta la Audiencia.
La Audiencia Provincial resalta en el auto la "ambigüedad" con la que la Junta identifica al licitador-adjudicatario del concurso como Minorbis-Grupo México o bien solo como Minorbis y seguidamente analiza "qué omisiones de procedimiento han podido indiciariamente existir" en su caso en las distintas fases del concurso si se considera que la licitadora fue una u otra.
REAPERTURA DE LAS DILIGENCIAS
Precisa que el auto "pretende exponer una visión de conjunto del procedimiento que se ha llevado a cabo en el Concurso Público, precisamente para establecer una línea divisoria clara" y concretar "si las irregularidades que en su caso pudieran haber existido tienen su encaje como señala el auto recurrido en la jurisdicción contenciosa-administrativa o si por el contrario, por la severidad de las mismas, deben ser objeto de investigación en la jurisdicción penal".
Por todo ello, la Audiencia estima los recursos presentados y ordena a la juez de Instrucción número tres de Sevilla que vuelva a requerir un informe a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que en su momento fue interesado por la instructora pero que no se llegó a cumplimentar.
Asimismo, y sobre las declaraciones como testigos del resto de miembros de la Comisión Técnica y Mesa de Contratación, admite la "importancia" de las mismas, "pero desde luego en cuanto hubieran podido contribuir a la formación de la decisión final de la Mesa de Contratación y de la directora general de Minas en su resolución de adjudicación, su comparecencia como testigos es inviable, debiendo la juez, si considera necesaria sus declaraciones en el curso de la instrucción, llamarlos al procedimiento en la condición de investigados".
Por último, ordena a la juez que requiera de la Junta la resolución de la Consejería de Innovación de 3 de junio de 2016 por la que se le concede a Minera Los Frailes autorización para la explotación en la reserva de Aznalcóllar objeto del concurso y las dictadas con posterioridad.
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