El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abogado por incrementar las medidas de coordinación entre las administraciones ante situaciones de riesgo de exclusión social, "en un momento de limitaciones, recortes y contención del gasto público".
Maeztu ha participado en la jornada 'Elementos de Reflexión para las Políticas Sociales en el siglo XXI', organizada por la Escuela Andaluza de Salud Pública, en Granada, donde ha dado una charla sobre 'Derechos Sociales y Atención Social' en la que ha destacado "la obligación de los poderes públicos de prestar una protección especial a los sectores más vulnerables de la sociedad", en la actual coyuntura de crisis económica, que sitúa la tasa de pobreza en más del 30 por ciento, elevándose al 37,4 por ciento cuando se trata de los menores.
Para el Defensor Andaluz, es fundamental que se promuevan e incrementen cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para combatir el impacto de la crisis y sus efectos, de manera que los avances cosechados en épocas anteriores no se vean afectados.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha destacado algunos de los retos que están centrando la intervención de la Institución en materia de políticas sociales y atención social, y que va a marcar su actividad en este año.
Así, en el ámbito de la prevención y atención a las situaciones de riesgo de exclusión social que está afectando a una gran parte de nuestra sociedad, considera muy importante que Andalucía dé un paso cualitativo en la "garantía de unos ingresos mínimos de subsistencia" a esa población, superando el Ingreso Mínimo de Solidaridad.
En cuanto al Sistema de Servicios Sociales ha defendido salvaguardar la existencia de este sistema de cobertura universal y basado en un criterio de cercanía a la ciudadanía, que atienda y dé respuestas a todas las situaciones de necesidad de la población. También ha mostrado su preocupación en cómo se va a aplicar el nuevo escenario competencial que se dibuja con la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
En relación al Sistema de Dependencia, se ha mostrado convencido de la necesidad de favorecer un pacto de mínimos que garantice la atención a miles de personas en situación de dependencia y sus familiares, desde los servicios de proximidad fundamentalmente.
El Defensor del Pueblo también ha querido llamar la atención sobre el colectivo de la infancia de Andalucía, que son las personas más expuestas al riesgo de la pobreza, dadas sus características de dependencia económica, social y legal.
Una vez más, ha denunciado los temas que afectan a los menores y que más preocupan a la Institución, tales como los menores que son desahuciados de sus viviendas; los que son testigos y por tanto víctimas de situaciones de violencia familiar; los que tienen diagnosticados una enfermedad mental o que conviven con algún familiar con esta enfermedad; y, especialmente, la trata de personas y muy especialmente la de trata de niñas.
Por todo ello, ha pedido que el tema de menores sea una prioridad en la estrategia y agenda política.
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