En este caso, y con el reglamento en la mano, indican que el objeto de la junta de portavoces sería efectuar pronunciamiento unánime de la Corporación de apoyo a la plantilla, a la vez que trasladar a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz como autoridad competente sobre seguridad que, pese a que Puerto Sherry es un espacio privado, el mantenimiento de su actual nivel de vigilancia tiene trascendencia directa y notable para la ciudad, siendo no sólo un escaparate turístico de la localidad, sino la puerta de acceso de tráficos no deseados. Además, se pretende solicitar a la Subdelegación del Gobierno información sobre el fundamento de la medida anunciada.
Por ello los tres grupos solicitan que se admita la asistenica de los nueve trabajadores afectados por la medida anunciada, quienes podrán dar cuenta de cómo les repercutiría la decisión anunciada por la empresa propietaria de Puerto Sherry. Así mismo solicitan se covoque desde el Ayuntamiento al subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, o funcionario competente en quien delegase, para dar cuenta de la postura de esta administración del Estado como órgano de máxima competencia ante la medida. Y por último, también consideran proponer la convocatoria de la empresa María Puerto de Santa María S. A, para que explique, si así lo desea, los motivos de su intención. En virtud de lo expuesto se ruega que se tenga a bien aceptar la solicitud y convocar la junta de portavoces lo antes posible.
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