Fuentes de la federación explican que el documento que quiere implantar la Junta, y que “el resto de sindicatos de la mesa de negociación parecen ignorar”, conseguirá que el esfuerzo en recursos humanos y económico, cifrado en millones de euros, que ha costado poner en marcha desde 2005 “quede absolutamente en nada por el capricho de unos gestores ajenos a las necesidades de miles de trabajadores”.
En la provincia de Cádiz, la federación calcula que ahora mismo los demandantes de empleo al SAS pueden triplicar al número de trabajadores que hay en la provincia en la sanidad pública, esto es, 13.000 plazas.
Así, “miles de gaditanos inscritos en dicha bolsa que han dedicado horas de formación, horas de viajes para trabajar en otros sitios lejos de su casa, incluso muchos de ellos que han marchado a otras comunidades y países del entorno para conseguir acumular servicios prestados y puntos para poder trabajar en el SAS, van a ver cómo desaparece una norma que nos situaba a todos en las mismas condiciones de igualdad”.
Y es que FSP-UGT, entiende que el decreto “fragmenta el sistema, discrimina a los ciudadanos, favorece el enchufismo, elimina la bolsa regional de contrataciones, desaparecen las ofertas de empleo público en igualdad para todos y da potestad para que unos cuantos manejen a los trabajadores y el presupuesto público a favor de unos beneficios particulares en forma de incentivos”.
Por todo ello, la federación ugetista tiene previsto radicalizar sus protestas si no se produce una retirada del decreto en la próxima mesa negociación.
Los enfermeros también
Asimismo, el Sindicato de Enfermería (Saste) ha exigido también la retirada del proyecto de Decreto de Ordenación y Regulación de las Unidades de Gestión Clínica del SAS al considerarlo “un ataque sin precedentes a la Sanidad Pública andaluza y porque puede favorecer el enchufismo”.
Este nuevo modelo supone, según Satse, el comienzo “de una privatización encubierta del SAS” y “un intento de desmantelar este servicio, fragmentándolo en múltiples centros de decisión que romperán la homogeneidad en la asistencia sanitaria al ciudadano”, según señala en un comunicado.
Para Satse, el modelo “favorece el enchufismo y pretende consolidar en la estructura de poder del sistema a los directores afines, que serán nombrados por cuatro años”. El borrador incorpora “elementos privatizadores que perjudicarán tanto a los usuarios como a los propios trabajadores”, primando el beneficio sobre la calidad y dando a los directores de Unidades de Gestión el poder absoluto en la planificación de recursos humanos, en la selección del personal, las retribuciones e incluso en la firma de acuerdos de financiación privada.
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