La presidenta de la asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora-NO' (AUAN) que agrupa a propietarios de viviendas irregulares en Almería, Maura Hillen, ha considerado un "desastre" las dos demoliciones programadas por la Junta de Andalucía en el paraje Las Terreras del municipio de Cantoria, y ha subrayado que los dueños, compradores de buena fe tal y como sentenció la Audiencia Provincial, "no han recibido aún ningún tipo de indemnización", por lo que residen actualmente en Reino Unido, "donde viven de alquiler".
Hillen ha indicado en declaraciones a Europa Press que este nuevo derribo revela "el grave problema" que existe en torno a las viviendas fuera de ordenación en Andalucía y ha advertido del "daño a la imagen" que la difusión de este tipo de actuaciones contra los que son "compradores de buena, tiene para el mercado inmobiliario".
Ha recordado que se trata de la segunda vez que se actúa en este paraje y ha hecho referencia, asimismo, a la repercusión que en su día tuvo "en medios de comunicación extranjeros" una decisión que, según ha remarcado, "no es de sentido común porque perjudica únicamente a personas que compraron una casa pensando que todo estaba bien y era correcto".
Hillen ha trasladado que tanto los propietarios de las dos viviendas en paraje Las Terreras demolidas hace un año, como los dueños de las dos cuyo derribo se ha programado para el día 18 en la misma zona, "pasaron muchos años sin tener luz y agua, y tuvieron que regresar a Reino Unido porque no tenían otra opción".
"No pueden comprar en su país porque no han recibido ninguna indemnización desde que se dictó sentencia en 2012 y residen de alquiler y en una residencia para la tercera edad", ha lamentado.
La sentencia de la Sección Segunda que ordenó la demolición de estas cuatro viviendas, en el marco de un proceso penal que llevó a la condena a prisión e inhabilitación al exalcalde Pedro Llamas, entre otros, dictaminó que el promotor de su construcción en suelo no urbanizable debía indemnizar a tres de los matrimonios perjudicados con la cuantía del precio pagado y gastos satisfechos por la compra de la vivienda. Los cuartos perjudicados anunciaron que iban a emprender la vía civil.
"DESCONOCÍAN SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS"
Remarcó, asimismo, el tribunal que todos ellos adquirieron sus viviendas residenciales unifamiliares mediante contratos privados que fueron elevados a escritura pública en 2004 y que lo hicieron "desconociendo la situación de las viviendas" en materia urbanística.
La notificación remitida al Ayuntamiento de Cantoria, consultada por Europa Press, fija para el día 18 de noviembre, a las 12,00 horas, la demolición de los inmuebles, cuyo coste también debía correr a cargo del promotor, y cita al Consistorio a una reunión previa para coordinar la actuación.
En esta, la Dirección General de Urbanismo de la Consejería andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio comunica que da cumplimiento a una providencia de 2 de julio de 2014 de la Audiencia que "interesa de forma expresa" que se "proceda a ejecutar la demolición, o en su defecto, comunique al tribunal las causas que lo impiden".
Cabe recordar que el Ayuntamiento paralizó hace un año, concretamente el 17 de octubre de 2013, esta actuación y resolvió que se incoara un expediente administrativo sancionador contra la Junta por la demolición de las otras dos edificaciones en esas mismas fechas.
Alegó que no constaba la existencia de un "documento técnico de derribo" que "garantizase la seguridad" tanto de operarios como transeúntes ni una "declaración de innecesariedad de licencia" municipal para esta actuación.
La Junta de Andalucía ejecutó la demolición subsidiariamente tras darle dos meses de plazo a los dueños de los inmuebles dos meses de plaza para retirar enseres y pertenencias, según trasladó.
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