Cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias admitió, a consultas del Consejo de Transparencia a finales del mes de julio, que no hubo un comité de expertos para la desescalada, la senadora designada por el Parlamento de Andalucía Teresa Ruiz-Sillero ya contaba con una respuesta del Gobierno fechada el 23 de junio, en la que se indicaba que, efectivamente, se “creó un grupo de trabajo para que asesorara en la elaboración del Plan para la Transición” pero ya finalizó la tarea para la que fue constituido y “las solicitudes de las comunidades autónomas para pasar de fase (…) son evaluadas por los técnicos de Salud Pública del Ministerio de Sanidad”.
Solo quince días antes, Ruiz-Sillero destapó que el Ministerio de Sanidad únicamente adjudicó el 4% de los contratos de todo el Gobierno en plena pandemia. “Esto refleja la incompetencia en la gestión” del titular del departamento, Salvador Illa, aseguró. Y advirtió de que la opacidad es total en torno a la actividad de la Vicepresidencia segunda y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Consumo, al frente de los cuales se encuentran Pablo Iglesias y Alberto Garzón, según publicó Paloma Cervilla en ABC.
La labor de esta licenciada en Derecho ha sido frenética desde su desembarco en la Cámara Alta, en febrero de 2019, pero muy especialmente desde que se desató la crisis sanitaria. Concejala en el Ayuntamiento de Chiclana entre 2003 y 2008 y secretaria general del PP provincial de Cádiz con José Loaiza como presidente, despuntó en el Parlamento de Andalucía entre 2008 y 2018. Metódica, constante y con un privilegiado olfato político, formó parte de la comisión de investigación sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), junto con Carlos Rojas y Rafael Carmona, creada en 2012; la comisión de investigación sobre el presunto fraude de los cursos de formación, en la siguiente legislatura; y la Comisión de Investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en su último tramo como parlamentaria.
Las componendas internas de los populares tras el congreso nacional la relegaron al número seis de la lista para el Parlamento andaluz pero solo unos meses después, Juanma Moreno y Pablo Casado, a quien había apoyado frente a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias, acordaron ofrecerle responsabilidades en el Senado.
Ruiz-Sillero ha aprovechado la oportunidad para convertirse en el azote del Gobierno, a quien acusa de “contestar con evasivas o directamente no contestar” a sus preguntas. En junio, presentó ocho disconformidades con las contestaciones recibidas; en septiembre, otra veintena; el pasado martes reclamó más información sobre cuatro.
En plena desescalada defendió una moción en mayo para que se levantara la suspensión de los plazos en el Portal de Transparencia, anulados por el decreto del estado de alarma, en defensa del derecho de acceso a la información por los ciudadanos. “La transparencia es el antídoto contra la corrupción”, aseguró en su intervención ante Illa.
Portavoz en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, no solo ha demostrado su capacidad para fiscalizar la actuación del Gobierno, sino también habilidad para sumar apoyos en materias sobre la que es especialista y pese a que el PP se encuentra en franca minoría en el Senado. Esta misma semana, consiguió sacar adelante una propuesta sobre el reparto de fondos en políticas activas de empleo y formación. “No es justo que el Gobierno se quede con 1.500 millones de euros de los desempleados que, además, condenaba al cierre de empresas del sector”, sostuvo.
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