La capital de la Axarquía ha reforzado las medidas y acciones sociales durante el último mandato. Ello se ha visto reflejado en los presupuestos de las últimas anualidades, donde se ha incrementado en más de un 26,5% las ayudas económicas de emergencia social así como las ayudas económicas familiares durante los últimos cuatro años. En ese período, se han contemplado 2.728.106 euros en ambas prestaciones.
En este sentido, se han pasado de los 275.000 euros de las de emergencia social que se contemplaron durante 2015 a un total de 323.918 euros que se plasmaron en el presupuesto de la pasada anualidad, que se tratan de prestaciones económicas individualizadas para paliar situaciones extraordinarias a personas o unidades familiares y que deben ser atendidas con inmediatez. En este apartado, Vélez-Málaga ha contado con un total de 1.343.401 euros durante los últimos cuatro años, que se destinaron en su mayor parte en ayudas para alimentación, alquileres, hipotecas, gastos farmacéuticos o desplazamientos; y de las que se beneficiaron un total de 2.280 familias.
Por otro lado, en lo que se refiere a ayudas económicas familiares, que se tratan de prestaciones, bien económicas o en especie, para familias con menores a cargo para la atención de sus necesidades, se contemplaron 1.384.705 euros. En estas aportaciones, se pasaron de 294.000 euros en 2015 a un total de 396.065 euros, que permitió atender en esos años a un total de 1.306 familias con 2.425 menores a su cargo. En la última anualidad se le garantizó la cobertura a 3438 unidades familiares que contaban con 652 menores a su cargo. Desde el año 2015 además está en marcha un nuevo reglamento de ayudas económicas familiares, que aumenta las cuantías para los beneficiarios de forma considerable con respecto al anterior, cubriendo además de alimentación, otras necesidades básicas como pueden ser la vivienda, gastos farmacéuticos extraordinarios y otros conceptos.
Y durante el 2016 entró en vigor un nuevo reglamento de ayudas económicas de emergencia social que introducía importantes novedades como el apoyo económico para el pago de suministros de agua y electricidad.
Para el alcalde, Antonio Moreno Ferrer, “las políticas sociales son una prioridad para este Ayuntamiento que es una de las ciudades de la provincia que más invierte en asuntos sociales” y de hecho durante dos años consecutivos el municipio obtuvo el premio a la ‘Excelencia en Inversión Social’, otorgado por parte de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. “En el presupuesto de 2018 destinamos más de 12,5 millones de euros para cubrir las necesidades de los ciudadanos más vulnerables”, incrementándose esta partida en 1,3 millones de euros respecto al año anterior.
La concejala de Bienestar Social, María Santana, valoró estos datos indicando “que son el reflejo de un Gobierno que muestra su compromiso por las personas y que lo hace con recursos económicos para atender las principales necesidades de la población, contando con unos servicios sociales de calidad”.
En el documento económico aprobado de forma definitiva en julio del pasado año, las actividades sociales contemplan el 12,83% del presupuesto, destinando a la Ley de Dependencia 4,1 millones de euros y al Plan Concertado unos 550.000 euros, más 4,3 millones destinados a ayudas sociales.
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