El alcalde de Vejer, Manuel Flor; el ex alcalde y delegado municipal de Turismo, José Ortiz; el anterior primer edil socialista, Antonio Jesús Verdú; el actual delegado provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez y los ex concejales populares Vicenta Morillo, Manuel Basallote y Miguel Ángel Peña estaban citados a declarar en el Juzgado de Barbate en calidad de investigados por un presunto caso de prevaricación y malversación de caudales públicos denunciado en 2014 por una trabajadora municipal. Todos ellos han acudido a sede judicial a excepción de José Ortiz, quien solicitó realizar su declaración en el Tribunal Supremo atendiendo a su calidad de aforado derivada de su cargo como diputado nacional.
Según fuentes cercanas al caso, Verdú ha realizado su declaración contestando a las preguntas realizadas por el fiscal y el juez, mientras que el resto de los investigados se han acogido a su derecho de no declarar, respondiendo únicamente a las cuestiones planteadas por el abogado de la defensa.
La denuncia incluye como prueba un informe de la interventora municipal en el que alerta de una actividad “más que sospechosa” en la emisión de algunas facturas por parte del Consistorio y que es contraria al procedimiento administrativo en materia de contratación y subvenciones.
Entre las pruebas aportadas a la causa destacan cuatro contratos a la empresa Autos Gonzalo en concepto de “servicio urbano tercera edad pedanías”, lo que genera a la interventora ciertas dudas ya que apunta a un fraccionamiento de contratos para disminuir la cuantía, algo que no se permite en base al artículo 86 de la Ley de Contratos del Sector Público. Además, recoge la interventora en su informe, “no existe documentación que acredite la formalización de un contrato de gestión de servicio público entre la empresa y el Ayuntamiento de Vejer”.
Entre otros asuntos, también se recoge en la atestado judicial una posible irregularidad en la gestión de la piscina municipal desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 31 de enero de 2015 periodo en el que, a pesar de haber culminado el plazo de adjudicación de este servicio, la empresa Alúa continúo prestándolo por un importe de casi 222.000 euros sin haberse rubricado ningún contrato y, según consta textualmente, “sin título habilitante alguno, privando con ello a otras empresas con capacidad suficiente para atender a dichos servicios de la posibilidad de adjudicación”. Son objeto de investigación unas subvenciones a alumnos de la academia KH Idiomas, prestación de servicios a la residencia de mayores o la contratación de varias obras públicas, entre otros asuntos.
Sobre varios contratos adjudicados a la constructora Manuel Alba, los abogados aseguran que son “la más clara y patente actuación al margen de la ley” del consistorio al dar por buenas dos facturas del mismo importe y concepto, por casi 50.000 euros cada una, y que fueron validadas por el concejal de Mantenimiento Urbano. En este caso, la interventora recuerda que no se puede contratar de manera separada, mediante expedientes independientes, las prestaciones que “por su naturaleza deberían integrarse en un único objeto”.
El bufete responsable de la acusación, Dávila y Asociados, expone en los fundamentos de derecho de su denuncia la inhabilitación para empleo o cargo público de 7 a 10 años por prevaricación y penas de cárcel que van de entre tres y seis años por sustracción de caudales públicos y de cuatro a ocho años por malversación.
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