Ecologistas en Acción ha denunciado este lunes la inacción de cinco departamentos de la Junta frente a la "inaceptable situación de ilegalidad" de Trafalgar Polo Club, una instalación próxima a la playa de La Mangueta, en Vejer de la Frontera (Cádiz), que sigue operando pese a tener expedientes sancionadores desde hace cuatro años.
En un comunicado de prensa, la organización ecologista ha explicado que esta instalación está situada "sobre las calcarenitas que dan lugar al acuífero Vejer-Barbate", en unos "terrenos rústicos y calificados como no urbanizables".
Indica que agentes de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible inspeccionaron la instalación en septiembre de 2019 y abril de 2020, tras lo que se inició un expediente sancionador.
En su informe los agentes de Medio Ambiente y el guarda fluvial enumeraron graves irregularidades en el recinto, según recuerda Ecologistas en Acción.
Se había rehabilitado un cortijo y sus naves adyacentes, para albergar las oficinas del club de polo, un alojamiento hotelero bajo la denominación comercial de 'Trafalgar Polo Club' compuesto por 13 habitaciones, salón de celebraciones, rodeado de 2.700 metros cuadrados de superficie de zonas ajardinadas, con lo que "ocupa una superficie total aproximada de 7.000 metros cuadrados".
En esta superficie se había instalado "césped y sistema de regadío con cañón" para una cancha de campo de polo de aproximadamente 3,6 hectáreas destinado a la práctica deportiva y escuela de formación.
Actuaciones no autorizadas
Los agentes de Medio Ambiente también indicaron en su informe, según Ecologistas en Acción, que 1,17 hectáreas de la superficie del campo de polo "están afectadas por la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, sin que exista autorización de uso para ello".
Otra de las irregularidades es que se había hecho sin autorización captaciones de agua que "se destinan al riego del campo de polo y zonas ajardinadas y para uso en las instalaciones hoteleras y celebraciones".
Se trata, añade, de una balsa de riego de 13x13 metros de superficie, y de dos sondeos entubados, con bombas eléctricas, y dos pozos artesanos, dentro de las zonas de policía (la franja de cien metros de anchura a cada lado del cauce) de los arroyos San Ambrosio y La Parrilla.
"Con las extracciones de los dos pozos y los dos sondeos, además de llenar la balsa, se instaló un riego por goteo para plantación de 175 olivos viejos y 450 acebuches jóvenes, más un abrevadero para explotación ganadera de 50 caballos y 100 vacas", indican los ecologistas.
Otra de las irregularidades que citaban los agentes en el informe es que "se desconoce el punto de vertido final de las aguas residuales y no consta acreditada la retirada de lodos por gestor autorizado".
"Por si todas las infracciones fuesen pocas, en mayo de 2020, los Agentes de Medio Ambiente y el Guarda Fluvial fueron expulsados tajantemente de la finca al intentar comprobar la persistencia de ellas", han añadido.
Como era un hecho que "ocurría por segunda vez" constituyó "una nueva infracción de obstrucción a la labor inspectora".
"La inspección se consiguió llevar a cabo finalmente gracias a la intervención de una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de Vejer", explica la organización.
Sin respuesta efectiva
Ecologistas en Acción critica que "todo esto ocurrió en el 2020" y "a día de hoy" Ecologistas en Acción "no tiene constancia" de que ninguno de los departamentos de la Junta de Andalucía con cartas en el asunto "haya actuado de manera efectiva".
Se refieren al Departamento de Costas, al Servicio de Protección Ambiental, al Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas, que "no ha actuado, en lo referente a la apertura de sondeos y pozos, ni ante la existencia de una fosa séptica en zona de policía" del arroyo; al Servicio de Calidad de Aguas, que "no ha actuado en lo referente a la existencia de un vertido de aguas residuales y de una balsa", y al Departamento de Asuntos Jurídicos y Régimen de Usuarios, que "no ha actuado en lo referente a la obstrucción a la labor inspectora en materia de aguas", especifican.
La organización considera que además pueden existir otras responsabilidades por parte del Ayuntamiento de Vejer y de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.
"En agosto de 2024 la empresa Trafalgar Polo sigue actuando y cometiendo las graves infracciones arriba enumeradas y otras más. Ello no sería posible en un Estado de Derecho si no fuese por las actuaciones y omisiones cómplices de determinadas administraciones cuya responsabilidad por imperativo constitucional, entre otras, es restablecer de inmediato la legalidad gravemente vulnerada, y que prevalezcan los intereses generales sobre los intereses de un infractor sin escrúpulos", ha concluido.
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