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Valencia

Caso Imelsa: Alfonso Rus denuncia un juicio político

"Enviaron ustedes una requisitoria, o como se llame, porque en Brasil está el secreto bancario, y han recibido la respuesta hace tres años y se han callado"

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  • Alfonso Rus. -

El expresidente de la Diputación de Valencia y expresidente provincial del PP Alfonso Rus ha afirmado sentirse víctima de "un juicio político por parte de la Fiscalía" y del "invento" de que disponía de dinero o propiedades en Brasil, a donde no ha viajado desde 1978 cuando, ha asegurado, "estuve en los Carnavales con mi mujer".

Rus, que ha ejercido el derecho a la última palabra en el juicio del caso Imelsa por supuestos trabajadores 'zombis' -que cobraban sin acudir a trabajar- ha considerado ser víctima de "mala fe" y de "estar sentenciado" antes de acudir a juicio.

"Nunca he entendido este juicio, porque yo nunca me encargué si había o no asesores. Hubo los mismos de antes de que yo fuese presidente. Ni me enteré ni me interesó nunca eso", ha señalado Rus antes de informar al tribunal del "sufrimiento" que le ha supuesto estar callado 7 años debido a su "incontinencia verbal".

"Enviaron ustedes una requisitoria, o como se llame, porque en Brasil está el secreto bancario, y han recibido la respuesta hace tres años y se han callado, porque Rus no tiene nada. No sé qué hago aquí durante tres meses, además de dar la cara y ser responsable", ha agregado.

El tribunal ha pedido a Rus que se centrase en los asuntos vistos en este juicio y que no hiciese referencia al resto de causas que tiene pendientes y el exdirigente popular ha usado un minuto más para indicar al fiscal que "se equivocó" en las cifras, que él manejó más de 3.500 millones de euros en la Diputación de Valencia y que ahorró más de 80 millones en la partida de personal.

El exgerente de Imelsa y autoconsiderado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, ha leído un texto que traía preparado, con varias referencias literarias (Sastre, Montesquieu o Maquiavelo) y que ha iniciado reiterando su petición de perdón por su periodo inicial de colaboración con la Justicia.

"Pido disculpas por haber provocado tanto daño de forma intencionada, a Rus, a Llopis o Caturla, entre otros muchos, como se puede comprobar. En esta causa ya ha habido varios suicidios, trastornos personales, situaciones de prisión y es muy doloroso", ha afirmado Benavent, que también ha mostrado su pesar por el hecho de que "tu propia familia -en relación a la de su exmujer- por venganza acceda a tu intimidad y a tus asuntos personales".

Y es que Benavent, tras su cambio de defensa, sostiene que las grabaciones que realizó durante años y que han dado pie a la macrocausa conocida como Imelsa le fueron sustraídas.

"Me siento culpable por haberme dejado tratar como un títere por la Fiscalía, la Guardia Civil y mi anterior letrado", todo ello "con la promesa de no entrar en prisión".

"Yo guardaba ese disco duro en el armario de mi casa, de la de mi exmujer. Mi exuegro me lo sustrajo, lo utilizó sin consentimiento, ofreció las grabaciones a los medios de comunicación y a políticos y tiró a la basura el disco duro, donde estaba toda mi vida privada, correos, grabaciones y documentos", ha insistido Benavent.

La exresponsable de personal de Imelsa, María Escrihuela, ha defendido que no tuvo motivación alguna para cometer ningún tipo de delito y que colaboró con la Justicia. "Vera -en referencia a José Luis Vera, exresponsable jurídico de Imelsa- me dijo que buscase a gente que podía estar cobrando sin trabajar, que él iba a sacar una causa judicial con esos datos. Me ofrecí a llevar la documentación a la Fiscalía, pero me dijo que ya la llevaba él".

El único de los once procesados que han admitido los hechos y que ha hecho uso de su turno de palabra ha sido el empresario de la comunicación José Adolfo Vedri. "Cuando en 2009 se planteó el cancelar una deuda con el pago de la nómina de los trabajadores, si hubiésemos sabido que era malversación, no lo hubiese aceptado. Ni por los empleados ni por mi".

La última sesión del juicio se ha abierto con la intervención de varias defensas, entre ellas las del exdiputado y exsubdelegado del Gobierno con el PSPV-PSOE, Rafael Rubio, cuya abogada ha señalado que la supuesta ilegalidad de esos contratos no estaba vigente cuando Rafael Rubio contrató a sus dos asesoras, sino que entró en funcionamiento en diciembre de 2013.

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