La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal compuesta por diez personas que habría estafado hasta 100.000 euros a hosteleros de Alicante, Granada, Jaén, Madrid y Murcia haciéndose pasar por personal de compañías de suministro eléctrico y exigiendo el pago de las dos últimas facturas de la luz, supuestamente impagadas, con la amenaza de cortarles la luz.
El instituto armado ha explicado en un comunicado que las investigaciones se iniciaron este pasado febrero, cuando el Equipo de Delitos Tecnológicos (EDITE) de Alicante detectó un incremento en el número de denuncias realizadas por hosteleros.
En una primera fase de la operación, los agentes analizaron el modo de proceder que vinculaba a las 26 denuncias de hosteleros de la provincia de Alicante, a las que posteriormente se les unieron víctimas de las provincias de Granada, Jaén, Madrid y Murcia.
Tras analizar más de 50 cuentas bancarias y diversa documentación, identificaron que el delincuente se hacía pasar por personal de compañías de suministro eléctrico para exigir por teléfono el pago inmediato de las dos últimas facturas de la luz y amenazaba con cortar el suministro en ese mismo momento si no se realizaba el pago.
La banda estaba organizada en tres grupos: varios miembros desde un locutorio de San Martín de la Vega (Madrid) suministraban al grupo de tarjetas telefónicas que realizaban a nombre de personas ficticias, y otro miembro, desde Ciempozuelos (Madrid), utilizaba dichas tarjetas para llamar a las víctimas.
Asimismo, otros miembros captaban a las "mulas" en casas de apuestas para utilizarlas en las transferencias bancarias del dinero obtenido con las estafas, y así obtener el dinero en efectivo.
Tras la identificación de todos los miembros, el 30 de noviembre se realizaron dos entradas y registros en dos domicilios de San Martín de la Vega y de Ciempozuelos, interviniendo varios móviles, tarjetas SIM y 1,5 kilogramos de resina de hachís.
Los agentes han detenido a todos los miembros de la banda, dos mujeres de 19 años y ocho hombres de entre 22 y 39 años, todos ellos de diversas nacionalidades: española, cubana, rumana y marroquí.
A cada uno de ellos, según su grado de participación, se le han imputado los delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal, amenazas, tráfico de drogas y apropiación indebida.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villajoyosa, que es quien lleva la causa, ha decretado el ingreso en prisión de uno de los principales responsables.
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