Arranca el juicio por el conocido como caso Alquería. El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, se sienta en el banquillo de los acusados junto a catorce personas más por la supuesta simulación de siete contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra.
Rodríguez ha llegado temprano a la Ciudad de la Justicia y ha comentado ante los medios de comunicación que «siempre hemos pensado que era mucho más propio de un juzgado contencioso-administrativo pero, después de una detención espectacular, como mínimo, va a acabar en un juicio penal».
El juicio llega cuatro años después de producirse la detención del expresidente y, aunque ha asegurado que «venir a declarar no es agradable», se ha mostrado optimista porque «parece que comenzamos a ver la luz al final del túnel».
Rodríguez ha justificado las presuntas irregularidades de las que se le acusa con un intento de «poner orden en el caos», por lo que decidieron «reestructurar la empresa en siete áreas potentes con gente profesional y capaz al frente».
En esta primera sesión, la defensa del expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV ha solicitado que la declaración de su defendido se produzca al final del juicio.
La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para el actual alcalde de Ontinyent por presuntos delitos de prevaricación y malversación. La misma petición de cárcel la extiende al que fuera su jefe de gabinete en la Diputación, Ricard Gallego; para el asesor Manuel Reguart; y para los dos exgerentes de Divalterra, José Ramón Tiller (PSPV) y Agustina Brines (Compromís).
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