La defensa de Jaime Febrer, uno de los supuestos cabecillas de la trama corrupta que investiga el caso Azud, ha pedido la anulación del auto que ordenó intervenir los correos electrónicos del abogado José María Corbín por considerar que es "ilegal", "inconstitucional" y vulnera derechos fundamentales.
Así consta en el recurso presentado por la defensa, ejercida por el exportavoz socialista en Les Corts Manolo Mata, contra un auto del 11 de abril de 2017 en el que la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que investiga esta causa, acordó incorporar al procedimiento, entonces declarado secreto, el contenido de todas las comunicaciones electrónicas de Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá.
Según el escrito de la defensa, esta "extravagante" decisión, que ha servido para investigar a una sesentena de personas y varias decenas de empresas, en secreto, durante más de cinco años, carece de cobertura legal, por lo que pide que se decrete el sobreseimiento de la causa respecto a todas las personas investigadas.
Afirma que con la diligencia aprobada no se pretende averiguar con quién intercambiaba correos electrónicos Corbín en el último año, "que es lo que faculta la normativa", sino averiguar "todo lo que ha hecho el señor Corbín en dos décadas". Según argumenta la defensa, acceder al contenido íntegro de todos los correos electrónicos de una o varias personas durante décadas "no solo no está permitido sino que está expresamente prohibido por nuestra ley rituaria criminal".
Para esta defensa, "no hay ley habilitante alguna para extraer 'contenidos' a través de prestadores de servicios, deviniendo nulas todas las actuaciones de la causa desde dicho auto por vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente protegidos".
Explica que la legislación europea y española "es taxativa: se puede obtener de los proveedores de servicios datos relativos al tráfico y a la localización" de los últimos doce meses, pero "jamás en cuanto al contenido".
Esta defensa considera vulnerados el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, y el derecho a conocer la acusación y la defensa.
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