La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas remitirá a la Agencia Valenciana de Turismo los informes pertinentes para que pueda incoar un expediente sancionador contra el establecimiento hotelero de Gandia que se negó a alojar a un grupo de personas con diversidad funcional.
La Dirección General de Diversidad Funcional y Salud Mental elevará estos informes alegando un incumplimiento de la Constitución y de los derechos fundamentales de las personas.
La federación de Organizaciones de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo Plena Inclusión Madrid anunció este martes que estudia denunciar ante la Fiscalía la política del hotel Gandía Palace por no permitir que se aloje en él un grupo de personas con discapacidad.
La federación explicó en un comunicado que una de las entidades pertenecientes a Plena Inclusión Madrid, Círvite, organizó una semana de vacaciones para un grupo de veintitrés personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y seis profesionales de apoyo.
La reserva se estaba realizando para un grupo de adultos con discapacidad intelectual y se habían solicitado catorce habitaciones dobles y una individual, requiriendo exclusivamente una habitación adaptada, e incluso se llegó a abonar un depósito por la misma; sin embargo, el hotel les comunicó que no trabajan con grupos de menores de edad, con grupos de discapacitados ni con grupos de colectivos de fútbol.
Además añadió que "esto no quiere decir que no lo haga como cliente con reserva individual, y siempre bajo petición, al disponer solo de una habitación adaptada", y matizó que "el hotel solo cuenta con plato de ducha en las habitaciones Junior Suite que disponen de bañera y cabina de ducha".
Señaló, siempre según la versión de la entidad, que "solo se podrá reservar para estas personas de forma excepcional de forma individual como cualquier reserva individual, y siempre que estén acompañados al menos con un adulto mayor de edad capacitado por habitación".
Desde Plena Inclusión Madrid consideran que los hechos ocurridos vulneran derechos fundamentales y son contrarios a los principios de igualdad, inclusión y no discriminación que se recogen en la normativa española, y su presidente, Mariano Casado, destaca que es posible que no haya mala intención y solo "un gravísimo" desconocimiento de la discapacidad y de la legislación.
La Agencia EFE contactó este martes con la dirección del hotel Gandía Palace para conocer su versión de estos hechos, aunque hasta el momento no ha respondido a este requerimiento.
Este miércoles, desde Igualdad han asegurado que la exclusión o restricción del derecho de alojamiento supone una discriminación directa y una vulneración a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad o con diversidad funcional, que es contraria a la Constitución.
Además, puede constituir una infracción del artículo 512 del Código Penal, y una infracción administrativa grave (art. 95.3.a) del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, sancionable con multa de 30.001 a 90.000 euros.
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