Una normativa de convivencia cívica que prohíbe, entre otras cosas dormir en la calle. Colectivos sociales y partidos de izquierdas denuncian el carácter sancionador de la norma y dudan de que se pueda complementar con las medidas sociales anunciadas por el consistorio. La nueva ordenanza contra la mendicidad y la prostitución de Alicante contempla multas que pueden llegar a los 3000 euros. El consistorio espera que la norma se convierta en un código de conducta ciudadana.
Ciudadanos y Vox han respaldado la normativa propuesta por el PP que ha sido fuertemente criticada durante años por el resto de la oposición que la califica como la ordenanza de la vergüenza, porque únicamente sanciona y no contempla un plan de inclusión social.
Alicante recupera así su ley de mendicidad aprobada en su momento por Sonia Castedo y derogada años más tarde por el tripartito de izquierdas. Barcala ha recuperado la norma prevenir la proliferación de mafias. Unidas Podemos se plantea llevar a los juzgados la ordenanza recién aprobada y varios colectivos sociales piden que se añadan alegaciones que protejan a los más vulnerables con acciones sociales.
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