Las VTC, vehículos de transporte con conductor, vienen operando en los últimos años en casi todas las grandes ciudades del país. Este tipo de servicio de transporte ha entrado en competencia, desleal a criterio de los trabajadores del Taxi, con el clásico SP (servicio público). Esta situación se ha venido enconando y ante la falta de un acuerdo que satisfaga a las partes, los taxistas comienzan a prepararse para la “guerra”. Comenzando en Barcelona ya se extienden a todas las grandes ciudades las hostilidades en toda regla y hay amenaza de que en pleno agosto la temperatura del conflicto suba hasta límites insospechados. En este choque de intereses encontrados se evita explicitar que la ciudadanía tiene derecho a acceder a un transporte de viajeros como servicio público. Y esto casa muy mal con la selva del mercado que en ese derecho cívico, como en otros, les trae sin cuidado.
¿Estará el gobierno socialista a la altura? Hay quien valora que este gobierno, como el anterior del Zapatero, sigue la senda de un “buenismo” que en modo alguno resuelve asuntos enconados, dado que ni las VTC ni los taxistas se sienten especialmente intimidados para que se produzca una negociación que satisfaga al conjunto de intereses encontrados.
Porque de intereses encontrados trata este asunto. Por un lado esta el tema de las dimensiones: las grandes empresas VTC se han multiplicado y las plataformas mundiales también, ya que en esto del Taxi, aunque existen grandes y medianas empresas dedicadas al negocio, en su mayoría se tratan de autónomos o pequeñas empresas, muchas de ellas familiares. Las licencias de Taxis controladas rigurosamente por los municipios han pretendido durante décadas mantener un equilibrio entre el número de autos y el número de usuarios potenciales, haciendo que mal que bien se haya ido tirando para adelante, siendo proverbial la queja de quienes trabajan muchas horas al volante. Y sobre todo ha mantenido, a pesar del neoliberalismo, el carácter de Servicio Público. Un servicio que por ser esencial para el pueblo debe estar regulado para garantizar el acceso al mismo.
Miles de personas llevan, años a veces, esperando para poder obtener una licencia de Taxi y casi sin percibirlo se comercializan licencias de VTC que comenzaron costando unas tasas administrativas y ahora cuestan entre 40 y 80 mil euros. Por otra parte pretender “comprar” una licencia de taxi supera los 200 mil euros. Los taxistas propietarios de licencia sobre todo, porque hay miles de taxistas que son contratados laborales, reciben de muy mal talante la extensión de las VTC, fundamentalmente por dos motivos: el primero porque a más autos menos trabajo y el segundo que el valor de la licencia para poder ser vendida ha disminuido, ya que es mucho más barato comprar una licencia de VTC.
Urge aprobar una norma legal, que está en manos de los políticos, que regularice este sector dentro del servicio público del transporte de viajeros, de suerte que puedan los profesionales que a él se dedican mantenerse y al mismo tiempo se garantice el uso de la ciudadanía.
Fdo Rafael Fenoy Rico
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