Así se podría calificar lo que está aconteciendo en nuestro país con la propuesta que desde el PSOE y Unidas Podemos han realizado en el Congreso de los Diputados mediante el registro de una Proposición de Ley para reformar el procedimiento de elección de los magistrados del Consejo General de Poder Judicial.
Se trata, en primer lugar de una reforma que, al ser registrada de esta forma, evita los informes preceptivos en este tipo de normas y que, previsiblemente, iban a establecer un dictamen desfavorable ante tal reforma.
Esto no ha dejado a nadie indiferente. Las principales asociaciones de jueces, españolas y europeas, han alertado sobre las graves consecuencias que puede suponer si sale adelante.
En concreto, la propuesta de ambos partidos es que la renovación del CGPJ, en funciones desde hace casi dos años, pueda hacerse con mayoría absoluta y no como hasta ahora, cuando se necesita el apoyo de 3/5 partes del Congreso de los Diputados y del Senado.
En consecuencia, si se aprueba esta Proposición de Ley, el Partido Popular dejaría de ser necesario para la renovación de este órgano y el presidente Pedro Sánchez podría asegurarse dicha renovación con la mayoría de la investidura.
Quien me lea que no piense que estoy contento con la situación actual. Como les he dicho antes, el Consejo General del Poder Judicial lleva dos años estancado. Sin consenso entre las fuerzas políticas para la renovación de sus cargos. Esto es un auténtico disparate.
Por tanto, sí cabe una renovación del método de elección de este órgano. Por supuesto que sí. Pero esta renovación tiene que pasar porque a los que mandan en los jueces los elijan estos mismos, es decir, que los partidos políticos no tengan opinión al respecto.
Un reforma de este calado posibilitaría que quienes forman parte de este Consejo sean independientes de colores políticos, que haya transparencia y que, además, sean elegidos por igualdad, mérito y capacidad de entre sus miembros.
Esta reforma de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no ayuda a garantizar esa independencia. Al contrario, viene a aumentar el riesgo de influencia política en lo que supone un poder del estado con la desconfianza que ello conlleva para la ciudadanía.
Lo peor de esto, señores lectores, es la imagen que estamos dando ante la UE y en el contexto internacional que nos tiene que prestar dinero para salir de la crisis originada por el coronavirus.
Vaya panorama.
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