Uno de los símbolos de la burbuja inmobiliaria que sufrió España hace unos años, con especial incidencia en Andalucía, fue la avalancha de proyectos que avalaron muchos municipios para disparar el número de viviendas, todo adobado con algún campo de golf o centro comercial. Hubo localidades que, directamente, iban a duplicar así su población, aunque el estallido de la crisis empantanó muchas de estas iniciativas junto a unas normas urbanísticas más rígidas.
Pese a este antecedente, la Consejería de Fomento trabaja en una nueva Ley de Urbanismo que, por encima de todo, “reforzará la autonomía de los ayuntamientos”. Pese a ello, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, garantiza que esto no significa que volvamos a la barra libre urbanística, haciendo un llamamiento a “confiar en la responsabilidad de los alcaldes”.
La idea, asegura, es huir de la situación actual, en la que los promotores tienen que hacer frente a 235 textos legales (151 autonómicos y 84 nacionales). A esto se une el “fracaso sin paliativos” de la política urbanística en la etapa socialista, lo que se ha traducido en que hay “300 planes generales de ordenación urbana empantanados”, apelándose de nuevo al ejemplo de Macharaviaya, un municipio malagueño que ronda los 500 habitantes y que viene sufriendo “un maltrato sistemático” con un plan urbanístico “bloqueado” desde hace la friolera de 18 años.
Para dejar atrás esta situación, “se le van a dar más competencias a los ayuntamientos” para la aprobación de los instrumentos de planeamiento. Aquí, en la “línea de respetar el principio de autonomía local”, la ley regulará “de una manera efectiva el silencio administrativo positivo”.
“Maraña urbanística”
La cuestión es encontrar un punto de equilibrio, “que no ocurra ni una cosa ni otra: ni que los alcaldes hagan lo que quieran ni que la Junta les bloquee”. Y para acabar con la “maraña urbanística existente”, la receta es una nueva ley (la actual tiene 16 años y ha sufrido 11 modificaciones) y, siempre que se pueda, “hacer menos leyes y derogar las que se puedan”.
La nueva normativa, por cierto, prevé regularizar los asentamientos y parcelaciones irregulares siempre que haya garantías legales y medioambientales.
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