Continúa en el aire el pleno de marzo. Así, el Ayuntamiento de Torremolinos ha trasladado a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental la decisión plenaria para cesar a Margarita del Cid, del Partido Popular, como representante local.
El pleno, ratificado en dos votaciones, revocó el nombramiento de la actual portavoz del Partido Popular por ser instructora del expediente que derivó en una sentencia contra el consistorio por “actitudes inquisitorias y episodios de humillaciones contra una empleada municipal”, según reza el auto del juez.
Esta decisión vino motivada tras conocerse que el consistorio deberá abonar una cifra cercana a los 36.000 euros en concepto de indemnización a una habilitada nacional que ocupaba el cargo de Secretaría General, y que según la sentencia “fue víctima de acoso, agravios y hechos atentatorios contra la dignidad”.
Así, Izquierda Unida presentó una moción en el pleno del mes de marzo con el fin de revocar a del Cid como representante de Torremolinos en el ente supramunicipal, por haberse “demostrado que fue parte activa de la sanción desproporcionada impuesta por hechos “falsos y distorsionados”, que fue aprovechado por el ex alcalde, Pedro Fernández Montes, y su equipo de gobierno para “certificar la venta de la empresa municipal que gestionaba el agua”, así lo expone el juez.
La decisión del pleno
El día 22 del mes pasado se celebró el pleno ordinario correspondiente al mes de marzo. Pleno histórico en Torremolinos, ya que fue la primera vez que se reprueba a un concejal.
En este caso, Margarita del Cid fue destituida como representante popular en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol por su papel en el caso de acoso a la ex secretaria general. De esta manera, a iniciativa de IU y con los votos a favor de PSOE, Costa del Sol Sí Puede, y concejal de adscrito, se ha aprobado su destitución como representante en el ente supramunicipal y por tanto dejará de representar al municipio en Mancomunidad, donde es actualmente presidenta.
David Tejeiro, portavoz de IU, recordó que la sentencia conocida recientemente condena al Ayuntamiento al pago de casi 36.000 euros por “agravio, humillaciones y actos vejatorios hacia la ex secretaria en un procedimiento inquisitorial por hechos falsos y distorsionados”. Un acoso, donde “Margarita tenía un papel fundamental, ya que era la instructora municipal del caso, que impuso sanciones planificadas vía exprés con el voto de PP”, continuó Tejeiro, quien defendió que “ninguna persona que desde una posición de poder someta a otra, es digna representante del Ayuntamiento en ninguna otra institución, por lo que lo lógico es que el PP sustituya a Del Cid por otro concejal o concejala”.
Del Cid ha ostentado el cargo de presidenta de la Mancomunidad desde que fue nombrada como miembro representante el pasado 26 de marzo de 2015. Dicho cargo queda revocado tras la votación apoyada por la mayoría de la Corporación Municipal y el posterior traslado de la decisión plenaria al ente supramunicipal hasta ahora gobernada por la portavoz del Partido Popular en Torremolinos.
Acción de regreso
Asimismo, en el pleno del mes de marzo, la Corporación apoyó la acción de regreso de los casi 36.000 euros que el Ayuntamiento deberá abonar en concepto de indemnización a una habilitada nacional que desempeñaba labores de secretaria general desde el año de 2009 en Torremolinos, y que ahora, Margarita del Cid, Pedro Fernández Montes y el resto de miembros del gobierno del Partido Popular deberán abonar.
Maribel Tocón, portavoz del equipo de gobierno, ha asegurado que “sería injusto que el resto de ciudadanos paguemos por culpa de unos gobernantes que mantuvieron un proceso inquisitorial que terminó en maltrato y vejación profesional duradero y continuado a una habilitada nacional, cuya función era fiscalizar los procedimientos y contratos para que concurrieran dentro de la más fiel legalidad”.
Aguas de Torremolinos
El expediente en el que participó del Cid y que supone una condena para el Ayuntamiento se tramitó ante la actitud de la entonces secretaria general. Según el propio magistrado del caso, “las dudas jurídicas que la secretaria general expuso sobre la venta de activos de la Sociedad Municipal para la gestión del agua en la que estaba interesado Fernández Montes, derivaron en un trato marginal y humillante que terminó en un castigo de 20 meses por el simple hecho de realizar su trabajo. Un aislamientoque privaba a la habilitada nacional de realizar su trabajo, denegando sus derechos, reduciendo sus medios materiales y recursos humanos”.
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