Costal del Sol Sí Puede, presenta una moción para que los contratos que ejecute el Ayuntamiento valore empresas que sean social y ecológicamente responsables. Se pretende valorar así empresas que cuenten en su plantilla con un alto porcentaje de personas en riesgo de exclusión, o bien de mujeres, parados de alta duración, personas con discapacidad o mayores de 45 años.
En este sentido, José Piña, portavoz de la agrupación municipal declara: “El 2005, las compras públicas supusieron el 28 por ciento del PIB del Estado. Esta importante cantidad de dinero se tiene que gestionar de forma social. Se ha de promover empresas del bien común, que favorezcan la integración de los más desfavorecidos, o aquellas que cuenten con mujeres o discapacitados entre sus plantillas. Empresas que controlen sus procesos de producción para ser menos contaminantes o que eviten suministrarse en países del tercer mundo donde no se respetan las leyes laborales”.
La moción incluye que la contratación pública de productos tengan en cuenta el lugar de procedencia, y los procesos de producción, para evitar comprar a empresas que no respeten los derechos humanos, como sucede en países tercermundistas.
Según José Piña: “Queremos que cuando el Ayuntamiento tenga que elegir entre dos empresas que ofrezcan un mismo servicio, escoja aquella que tenga una responsabilidad social y medio ambiental. Las entidades públicas tienen que favorecer la creación de un tejido empresarial que favorezca el Bien Común. Lo que no entendemos es que desde las instituciones se contraten a empresas que fomenten los empleos precarios, bajos sueldos y que sean contaminantes”.
La moción incluye medidas como la creación de un sello municipal que certifique la aportación de las empresas al Bien Común, mediante indicadores verificables y controlados por un organismo municipal o un manual de compra pública responsable que alcance a todas las empresas del Ayuntamiento, y que fomente una central de compra y abastecimiento común.
También será de obligado cumplimiento incorporar un informe justificativo cuando se externalice un servicio que no pueda ejecutar el Ayuntamiento.
En aras de garantizar el bien común y garantizar la responsabilidad social y ecológica se introducirá cláusulas contra la siniestralidad laboral, Compra verde o sostenible y se creará de una etiqueta informativa de servicios y productos de empresas locales que cumplan con los indicadores de sostenibilidad recogidos en la Agenda 21.
También se promocionará el empleo de personas que tengan especiales dificultades de inserción o acceso al mercado laboral.
Para velar por el cumplimiento de todo ello, se incrementarán las medidas de control necesarias que garanticen todas y cada una de las cláusulas citadas.
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