El Ayuntamiento de Torremolinos se ha visto en la obligación de rescindir el contrato laboral de una Trabajadora Social adscrita a la Delegación de Bienestar Social, debido a que la Junta de Andalucía no ha ingresado el dinero que corresponde a Torremolinos para la contratación de personal para la atención a las personas en situación de dependencia.
Según el Acuerdo de 28 de diciembre de 2012 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar la contratación de personal para la atención a personas en situación de dependencia, a Torremolinos le corresponde un crédito anual por importe de 75.252 euros, destinado a financiar la contratación por parte de este Ayuntamiento de personas que, con titulación de Asistente Social o Diplomatura en Trabajo Social, atiendan a las personas en situación de dependencia para el ejercicio de 2013. No se puede olvidar que se trata de una competencia de la Junta de Andalucía que ésta ha delegado al Ayuntamiento.
Por parte del Ayuntamiento de Torremolinos se han realizado las contrataciones del personal a que se refiere dicho Acuerdo, pero la Junta de Andalucía incumple su obligación de ingresar la cantidad acordada, teniendo constancia que este Ayuntamiento es el único de toda Andalucía que aún no la ha recibido. Con lo cual el Ayuntamiento de Torremolinos ha tenido que asumir su coste durante todo el año 2013 y este semestre pasado de 2014, lo que supone la cantidad de 112.878 euros, sin que hasta la fecha se haya dado solución alguna por parte de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía, por lo cual y dado los Planes de ajuste presupuestario ordenados por el Ministerio de Hacienda, ha obligado al Ayuntamiento a rescindir el contrato laboral de una de las Trabajadoras Sociales contratadas para tal fin, hecho que redundará en perjuicio de los ciudadanos de Torremolinos al vernos en la obligación de paralizar todos los trámites correspondientes a los procedimientos de la Ley de Dependencia.
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