El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró a finales de noviembre que
no viviríamos 17 navidades diferentes y afirmó que trabajaba duro para alcanzar un acuerdo con las comunidades en este sentido.
El fracaso ha sido morrocotudo. La realidad es bien distinta. Cada región ha establecido sus propias normas para las fiestas y la confusión es absoluta, entre términos sin concretar como allegado y dudas sobre si los niños que se sientan a la mesa cuentan a efectos legales o no. La gente bromea porque de alguna manera tiene que desahogarse. El cabreo es de traca.
Pero se cumplen los peores pronósticos y el Gobierno central y los autonómicos confirman que son incapaces de remar en la misma dirección por
cálculo electoral, prejuicios ideológicos o fobias identitarias. El resultado de la descoordinación lo conocemos ya. La falta de dirección por parte del Gobierno central, la gestión dispar entre territorios, mirándose de reojo y estableciendo competiciones restrictivas cuando los contagios se disparaban o liberadoras, cuando la presión hospitalaria bajaba, y la bronca política nos han situado como uno de los países en el mundo menos fiables y más
incapaces de afrontar los retos de la crisis sanitaria.
Con estos bueyes (con perdón) aramos. En el futuro inmediato, afrontamos uno de los retos más importantes a los que España, como país, se ha enfrentado en su historia reciente. La
campaña masiva de vacunación que, si todo marcha conforme a lo que dicen Pedro Sánchez y Juanma Moreno, comenzará esta misma semana, va a poner a prueba de manera definitiva la calidad de nuestra democracia. Por un lado, el Gobierno tiene que actuar con
absoluta transparencia y de acuerdo a criterios objetivos y proporcionales en el reparto de las dosis a las diferentes autonomías si no quiere que, a las primeras de cambio, los presidentes regionales comiencen a denunciar falta de lealtad, discriminación o favoritismos. La distribución no puede llevarse a cabo del mismo modo que Pedro Sánchez ha repartido las inversiones millonarias en los Presupuestos Generales del Estado, arbitrariamente.
Por otra parte, la campaña de vacunación masiva obligará a que los servicios de salud trabajen al límite. Es preciso la
colaboración entre administraciones para el establecimiento de un
registro único y articular respuestas ágiles para los usuarios, tanto para la administración como para atender eventuales efectos secundarios. Los dirigentes políticos han de enfrentarse a este reto sin pensar en el rédito electoral (aunque veremos a más de uno de los dirigentes vacunándose en directo). Más de la mitad de los españoles se muestran reticentes a la inyección.
Los errores institucionales incrementarán la desconfianza. Y en ello nos va, al menos, la mitad de la recuperación. La otra mitad, el otro gran reto, es captar el máximo de fondos europeos antiCovid y gestionarlo (con la UE, lo que no se gasta, se devuelve). La primera parte, la de recabar proyectos financiables, ha sido caótica. Demasiadas entidades, demasiados políticos, demasiados intereses.
Ahora hace falta rigor. O sea, un milagro.
