De Susana Díaz y del PSOE estamos hartos. Ya no sólo por esas cortinas de humo que fueron capaces de colocar estratégicamente, ni siquiera por el paternalismo con el que Susana Díaz se dirigía-dirige a los andaluces desde su apoltronamiento, el trato dedicado a los ciudadanos como si todos fuésemos mediocres o vulgares e incluso acomplejados culturales (gracias Canal Sur), el escaso sentido común en la gestión administrativa frente al uso continuado de estados lastimosos, sino, además, por como dejó el patio.
Una vez nombrado el ejecutivo sucursal del PP y Ciutadans en Andalucía, está asegurada la continuidad de las políticas del PSOE. Desde hace años, venimos apreciando como todas las administraciones públicas están llevando a cabo un modelo de privatización consistente en la desfinanciación. Una técnica que, de forma más abrupta, se apreció claramente en la época más dura de la actual crisis y, sobre todo, durante el gobierno popular, cuando en todos los municipios interventores, concejales de economía y hacienda y alcaldes claudicaban ante Montoro y sus planes de ajuste.
Dichos planes, en resumidas cuentas, suponían endeudamientos públicos con entes superiores, priorizar en la reducción de la deuda, así como desatender y no financiar determinados servicios públicos. De forma flagrante es lo que vemos en determinados sectores públicos como la sanidad y la educación. Son notorios los problemas: listas de espera para ser atendidos por médicos especialistas, saturación en centros de salud, infraestructuras sin acabar, inexistente e ineficaz dotación de medios técnicos y de personal, ratios del alumnado muy altos, edificios escolares sin acondicionar y anticuados, aumento de la burocracia para los profesionales, no se sustituyen las bajas de forma adecuada, etc. ¿Nos suena?
Pues todo esto llegó con Susana Díaz y continuará con el gobierno de PP y Ciutadans. No hay prisa, sin financiación y con unos servicios cada vez más pésimos y deficitarios, los propios ciudadanos, conducidos a través de VULOX o de informaciones interesadas desde los poderes económicos y políticos, reaccionarán exigiendo un cambio.
Está claro, la publicidad para nuestro sistema democrático equivale a la coerción en un estado totalitario. El siguiente paso será la privatización, será a este gobierno el que dé el paso o simplemente se quejará de una desafortunada herencia que perjudica a los ciudadanos, pero que beneficia a los grandes capitales que representan y están como los buitres deseando que la presa caiga por desfallecimiento. Mientras tanto, lo mal que está Venezuela.
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