Que la administración no llega a cubrir servicios necesarios para los ciudadanos es una realidad, que contrasta, además, con la poca imaginación y la desgana de un gobierno local debilitado y marchito. Que al Estado le interesa la privatización de servicios y el adelgazamiento de la administración, pues sí, es otra realidad. Pero seguimos pensando que Puigdemont se está cargando a España.
Luego hay otras realidades, ocultas, pero realidades, al fin y al cabo. Vamos con esas realidades. Los moralistas de la pancarta, es decir, los concejales de Levantemos machacan últimamente “al personal” con dos argumentos.
De un lado, hablan de la necesidad de transparencia en los Grupos Municipales, concretamente haciendo referencia al párrafo 2 del artículo 173.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local que establece la posibilidad de que el Pleno, con cargo a los Presupuestos del Ayuntamiento, podrá asignar una dotación económica a estos grupos. Dicha dotación económica puede estar formada por una parte fija idéntica para todos los grupos y otra variable en función del número de miembros de cada uno de ellos.
Estas cantidades deberán dedicarse a gastos ordinarios de mantenimiento del grupo, no siendo posible la realización de gastos de personal ni de inversión. Ahí Levantemos, exigiendo transparencia a los demás grupos políticos y al “amarradito”, pretende mostrar un grado superlativo de honradez y honestidad, pero sobre todo de transparencia. Pero como mala copia podemita, el “postureo canta por sus cuatro costaos”.
Cuando el bueno de Javier Botella señala directamente en una tribuna libre sobre la ley señalada: “Que esa subvención sea desproporcionada y sirva para financiar a sus respectivos partidos políticos y fomentar su particular clientelismo me parece una aberración”, se pasa de imprudente, aunque pueda tener razón, sobre todo porque choca diametralmente con los puntos que llegan al pleno desde su grupo, en el que solicitan subvenciones para una serie de colectivos sociales y haciendo referencia a que es “una paradoja inexplicable el no querer dotar de medios económicos suficientes a unas entidades de referencia por su larga labor en espacios a los que no llega la administración”.
He aquí el otro argumento. ¿Cuáles son esos colectivos a los que se refiere? ¿Pueden ser asociaciones a las que subvencionó, y bien subvencionadas, cuando fue concejal con responsabilidades de gobierno? Creo recordar, que los agraciados, bien agraciados, por supuesto de la cuerda de la Orden religiosa de la levantera iban directamente en su lista electoral o lo hacía su pareja (reconocido en columna de opinión por el propio beneficiario).
Algunos fueron agraciados con subvenciones para tener trabajo y local gratis donde operar, otros, como el manijero misionero de la Orden eclesiástica de San José Obrero para poder seguir dando sermones y “llevando la fe” por algunos rincones y no tener que dar un palo al agua. ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Es un favor o una financiación encubierta? ¿En este caso no hay clientelismo?
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