La Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor el pasado 1 de enero, ha tenido como resultado en su primer año de aplicación en materia de piratería el bloqueo de un total de cinco webs que facilitaban de forma ilegal contenido protegido, y no se ha impuesto ninguna multa en este sentido.
Tal y como han señalado a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la medida que ha tenido un "mayor efecto" en la lucha contra la piratería ha sido las resoluciones de la Audiencia Nacional para el bloqueo de cinco páginas que, según han destacado, se encuentran entre los sitios web más destacados en cuanto al número de visitas, por lo que indican que la disminución de la piratería ha sido una consecuencia "muy directa".
En líneas generales, desde el inicio del funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual han resultado afectadas 261 páginas, de las que 78 son webs de enlaces. Del total de estas páginas, en 252 casos se han retirado todos los contenidos ilegales y 33 páginas han cesado por completo su actividad.
En el caso de las nueve páginas restantes, la Comisión Segunda ha pedido a la Audiencia Nacional que el juez avale la retirada ejecutiva o bien el bloqueo en los casos más graves, por lo que esas páginas se encuentran en "trámite judicializado", según estas fuentes.
En total, en 2015 solo se han presentado 21 solicitudes, de las 447 que ha recibido desde que empezó a funcionar la Comisión Segunda de la Ley de Propiedad Intelectual, en marzo de 2012.
Respecto a las sanciones, que con esta reforma se elevaron hasta 600.000 euros, mientras que las mínimas pasaron de 30.000 a 150.001 euros, estas fuentes han señalado a Europa Press que aún no se han impuesto multas, porque la ley exige que haya una "reiteración en el incumplimiento de las resoluciones de la Sección Segunda", pero "con carácter general" se ha producido la retirada de contenidos ilegales.
Según señalan, no ha sido necesario recurrir a esta vía ya que con la retirada de los archivos finaliza el expediente. "Estos mecanismos legales permiten a los titulares de los derechos demostrar la vulneración y pedir una compensación económica", han añadido.
La directora de la Coalición de Creadores de Contenidos, Carlota Navarrete, ha señalado en declaraciones a Europa Press que se mantiene la confianza en la futura perfección de la aplicación, porque cree necesaria una "respuesta rápida" a una "realidad social y económica", aunque no se muestra satisfecha con los resultados obtenidos hasta ahora.
A 31 de diciembre, por parte de la Coalición se han presentado un total de 21 solicitudes, de las cuales solo se ha resuelto una y hay además cinco propuestas de resolución. En este sentido, y en referencia al bloqueo de cinco páginas, Navarrete pone en cuestión el volumen que representan estas páginas y añade que la piratería es "un negocio e industria que está continuamente regenerándose para generar páginas", por lo que exige celeridad.
PLAZOS DE TRAMITACIÓN
En cuanto a la media de días en los plazos de tramitación, fuentes del Ministerio explican que la ley obliga a resolver con un máximo de tres meses desde que se acuerda el inicio del expediente, un plazo que "se ha respetado en todos los casos", según aseguran.
No obstante, precisan que "otra cuestión" es el tiempo que pueden consumir las tareas de investigación desde que se presenta la solicitud hasta que la Sección Segunda acuerda el inicio, algo que, como en cualquier otro ámbito, "unas veces son breves y otras consumen meses de trabajo".
El presidente de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), José Manuel Tourné, critica en declaraciones a Europa Press que en España se alcanza una media de 450 días desde que se inicia el procedimiento hasta que se obliga a retirar los contenidos, algo que, a su juicio, es especialmente representativo para la industria del cine.
En esta misma línea, la directora de la Coalición de Creadores ha pedido una "aplicación ágil y rotunda de la ley" y ha criticado la demora en el inicio del expediente, que en algunos casos ha prolongado el proceso alrededor de tres años, cuando incluso los contenidos pirateados ya habían sido retirados del mercado.
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