El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informará el lunes sobre el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, un dictamen cuyo borrador no gusta a las asociaciones memoralistas que agrupan a las víctimas del franquismo pero que confían en que sirva para desbloquear el impulso a esta nueva ley.
Se trata de un pronunciamiento no vinculante, por lo que el Gobierno no está obligado a incluir sus recomendaciones en el proyecto definitivo que próximamente aprobará el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes, donde comenzará una tramitación que, dados los plazos reglamentarios, será imposible concluir antes del verano.
Son casi nueve meses los que han pasado desde que el 15 de septiembre el Gobierno dio el visto bueno a un anteproyecto normativo ya dictaminado por el Consejo Fiscal y sobre el que también se han pronunciado los colectivos de memoria histórica.
El proyecto de informe del órgano de gobierno de los jueces adelantaba su objeción a uno de los aspectos más emblemáticos de la nueva norma, aunque no el de mayor repercusión: la posibilidad de disolver una fundación por hacer apología del franquismo.
El CGPJ apunta que puede no ser factible cerrar una entidad como la Fundación Francisco Franco porque aunque sus ideas sean contrarias a los valores constitucionales están amparadas por la libertad de expresión.
Del mismo modo indica que no se podrían sancionar los actos públicos de exaltación del franquismo protegidos por la libertad de manifestación y reunión, y alerta de que la ley podría tutelar "de forma asimétrica" la dignidad de diferentes víctimas durante el período histórico comprendido entre la Guerra Civil y la dictadura.
LAS ASOCIACIONES MEMORIALISTAS ARREMETEN CONTRA EL CGPJ
Unas reflexiones preliminares que han suscitado muy duras críticas entre los colectivos memoralistas, que coinciden en considerar "absurdo", "intolerable" y una "vergüenza" el hecho de que en su borrador el CGPJ ampare las actividades de la Fundación Francisco Franco, la más afectada directamente por la normativa.
El presidente de la Asociación de Ex-presos y Represaliados Políticos Antifranquistas (AERPA), Luis Pérez Lara, lamenta que el CGPJ no apoye poner coto a un entidad que no solo elogia la dictadura de Franco, sino que en su actividad pública "humilla" a sus víctimas, "todo un calvario" para sus familiares.
En declaraciones a EFE Pérez Lara explica que la existencia de una fundación de este tipo sería inconcebible en países como Alemania, y augura que finalmente, algún día, desaparecerá.
También critica otros aspectos del anteproyecto, como que no abra vías para perseguir los crímenes de lesa humanidad del franquismo, cuando miles de españoles, como fue su caso, sufrieron condenas que les impidieron llevar una vida normal y les vetaron el acceso al funcionariado, siendo tratados como delincuentes por el régimen.
A sus 85 años hace notar que pocos supervivientes quedan de aquella represión y advierte de que "ya es tarde" para la mayoría.
Pero al mismo tiempo espera que si tras el dictamen del CGPJ, sea cual sea su sentido, se logra dar un impulso "urgente" al proyecto, la ley sería "un alivio" que contribuiría a quitarles el "peso tan grande" que han de sobrellevar desde que salieron de las cárceles franquistas.
VÍCTIMAS DE PRIMERA FRENTE A VÍCTIMAS "DE TERCERA"
Coincide el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, en reprobar de plano la propuesta del CGPJ, al que acusa de "doble moral" por usar distintas varas de medir según las víctimas sean de la dictadura o de ETA.
Y hasta tal punto lo ve así que le recrimina que quiera consolidar un estatus de "víctimas de primera y víctimas de tercera".
Silva compara el pronunciamiento que hizo este órgano para avalar que el Estado proteja a las víctimas del terrorismo de cualquier tipo de agresión con su actitud respecto a los perseguidos por el franquismo, a los que no concede el mismo grado de protección.
Sin ir más lejos, pone de relieve la inauguración esta semana en Vitoria de un memorial dedicado a las víctimas de ETA mientras las de Franco siguen "olvidadas" en las cunetas. Por ello atribuye a razones de "ideología" la "vergonzosa" posición del CGPJ.
Hace años que él reclama una investigación judicial de los delitos de la dictadura y ahora alerta de que la Fiscalía de Sala que planea el proyecto legislativo para que atienda las denuncias sobre desapariciones será más bien simbólica y servirá "para poco" mientras no haya "verdaderas herramientas" jurídicas.
Es más, Emilio Silva asegura que el Estado debería asumir la tarea de las exhumaciones, en vez de la actual política de subvenciones que obliga a las asociaciones a actuar como intermediarias y a "competir" para poder recuperar los cadáveres.
"Algo terrible", subraya, mientras insiste a EFE en que "los derechos humanos no se subvencionan, se garantizan".
Dice también que el tiempo que pasa sin la nueva ley, que tomará el relevo de la Ley de Memoria Histórica de 2007, no se puede recuperar porque los familiares de los desaparecidos van muriendo.
Durante el trámite parlamentario, el colectivo al que representa presionará para que se cree un organismo específico encargado de atender a las víctimas del franquismo.
Silva recalca que para recuperar cadáveres de las fosas no hace falta otra ley, sino tan solo "voluntad política", como demuestra el hecho de que el Gobierno vasco lo lleve haciendo desde tiempo y además con una entidad específica dedicada a las familias.
EL TIEMPO SE ACABA PARA LOS POCOS SUPERVIVIENTES Y SUS FAMILIAS
En la premura para resolver la Ley de Memoria Democrática incide igualmente el abogado Eduardo Ranz, representante de familiares de represaliados, quien advierte de que "lo que no tenemos es tiempo", porque quedan muy pocos supervivientes y exiliados y ya se han perdido "tres años" desde que el PP dejó el Gobierno.
Ranz hace notar la "contradicción" que supone el "éxito jurídico" que obligó a la exhumar los restos de enterrados en el Valle de los Caídos, como los hermanos Lapeña, cuando cinco años después todavía no se ha materializado su recuperación.
Todo ello con el trasfondo del "sorprendente" pronunciamiento del CGPJ, observa, en contra de una entidad como la Fundación Francisco Franco que "ensalza la figura un asesino dictador" y sobre el que "no existe ninguna posibilidad de duda", asevera, de que ordenó ejecutar a las 114.000 personas desaparecidas.
La delegada en Madrid de la Asociación Amical de Mauthausen, Concha Díaz Berzosa, considera por su parte que es "absurdo" que en una sociedad democrática como la española se puedan defender argumentos como los del CGPJ, pero también remarca que la nueva ley debe articularse con la mayor "seguridad" jurídica posible.
Ello hace que el procedimiento para su aprobación vaya lento, y en este sentido explica que el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica celebrado en octubre ya hizo sus aportaciones sobre las carencias del anteproyecto con la esperanza de que puedan subsanarse en su debate parlamentario.
Díaz Berzosa recalca que la ley debe servir para que España "tenga claro cuáles son las raíces de su democracia y la lucha por las libertades", y se asuma que las víctimas del franquismo no solo son de sus familias sino "de toda la sociedad".
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