Hace casi un año, la sociedad española comenzaba a habituarse a las primeras medidas contra la Covid-19. En cuestión de semanas, las mascarillas y el distanciamiento social empezaron a formar parte de una nueva normalidad. Al mismo tiempo, los hogares se convirtieron en escuelas, oficinas, centros de recreación, consultorios médicos, y mucho más. Fue entonces cuando los españoles descubrieron lo que los expertos venían advirtiendo desde hace tiempo: la importancia de la conectividad y, sobre todo, de las infraestructuras de telecomunicaciones.

Un año después, y aún intentando sortear los desafíos que supone la pandemia, el Gobierno español continúa apoyándose en la conectividad como una palanca de recuperación e impulso de la transformación digital. Esto, con el fin de alcanzar la recuperación económica. Para avanzar en el proceso de digitalización, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado la implementación de tres planes clave en el marco de la Agenda España Digital 2025. Estos proyectos dispondrán de una inversión conjunta de 11.000 millones de euros y su objetivo es impulsar la digitalización de las pymes y la Administración Pública, así como reforzar las competencias digitales.

A su vez, la Agenda España Digital reúne otros planes como el Plan de Conectividad, con un presupuesto de 2.300 millones de euros de aquí al 2025; la Estrategia para el impulso del 5G, para la cual se destinarán 2.000 millones; y la Estrategia de Inteligencia Artificial, para la cual se prevé una inversión de 600 millones de euros hasta el 2023. En concreto, para todas las iniciativas del gobierno español se prevé una movilización de más de 15.000 millones de euros. El objetivo principal de estas medidas es impulsar las reformas necesarias para acelerar el proceso de digitalización de España y consolidar una economía resiliente e inclusiva.

Es evidente que en la agenda del gobierno español no faltan planes. Sin embargo, surgen dudas sobre si la inversión prevista será suficiente para cubrir áreas como la modernización de infraestructuras y redes o la digitalización de las empresas. Ya que, si bien España presenta valores muy positivos en la prestación de servicios públicos digitales, aún necesita reforzar su desempeño en otros indicadores que son clave para la recuperación económica. Así lo indica el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2020, elaborado por la Comisión Europea, que resume cinco indicadores del rendimiento digital de los Estados miembro: conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales.

El análisis sobre España en el DESI demuestra que el país se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea en lo que respecta a las capacidades digitales y a la digitalización de las empresas. En ese sentido, los esfuerzos del Gobierno deben ir dirigidos a mejorar estos datos en dos áreas cruciales para la recuperación. Para ello, es vital que se priorice la inversión en infraestructuras de telecomunicaciones. Así, podemos decir que los planes de conectividad y 5G presentados por el Gobierno no son dos planes más, sino que sirven de base para que pymes, autónomos y centros educativos se sitúen también a la cabeza de la digitalización.

Y es que, para lograr estos objetivos, se necesita una sólida infraestructura de telecomunicaciones que garantice la conectividad digital. Es aquí donde, con una visión a largo plazo, entra en juego la importancia del despliegue de las redes 5G, que supondrán un gran avance en comparación con la 4G, debido a un significativo aumento de la velocidad y un mayor nivel de conexión. Es decir, la inversión en infraestructura es fundamental si queremos alcanzar una verdadera transformación digital.

Consciente de ello, y con cierto retraso debido a la pandemia, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital llevará a cabo durante este primer trimestre de 2021, la licitación de frecuencias en la banda de 700 MHz para prestar servicios 5G. La subasta de frecuencias será con un precio total de salida de 1.170 millones de euros por un período de 20 años. Se trata de un paso indispensable para alcanzar la capacidad plena del 5G, siempre que se den unas condiciones de acceso que faciliten este despliegue.

En este contexto, se debe aprovechar la oportunidad única que representan los fondos europeos de recuperación, a través de mecanismos que agilicen la inversión y que no recaiga solamente sobre el sector privado, sino que cuenten con una colaboración público-privada que garantice su viabilidad.

Esto debido a que, en el sector de las telecomunicaciones, se observa con preocupación que la compra del espectro pueda absorber la mayor parte de la inversión y que, posteriormente, no se puedan dedicar suficientes recursos para invertir en equipamiento y despliegues de la red. Es por ello que múltiples expertos insisten en la necesidad de una reforma para simplificar el diseño de subastas favorables a la inversión para construir una red 5G pionera a nivel mundial. A fin de garantizar una óptima cobertura, también se deben superar ciertos obstáculos técnicos que conciernen la disponibilidad del espectro y el amplio despliegue necesario.

En definitiva, una plena recuperación de esta crisis pasará, como han mostrado los gobiernos de los distintos Estados miembro de la UE, a través de sus iniciativas, por la transformación digital del país. Sin dudas, la conectividad y el 5G desempeñarán un papel fundamental. Esto, siempre y cuando se establezca un entorno favorable que elimine obstáculos técnicos y normativos y que dé lugar a una subasta que favorezca la inversión. Para ello es fundamental una adecuada asignación de los fondos de recuperación que ayude a reforzar infraestructuras como las de telecomunicaciones, un vehículo indispensable para la digitalización que llevará hacia una mayor productividad y creación de empleo. Algo que ha quedado claro durante los meses de confinamiento y con la llegada de la nueva normalidad y que demuestra que las infraestructuras de las telecomunicaciones funcionan como la columna vertebral de la digitalización.