Según el Ministerio Público, el acusado se radicalizó en 2013 junto a su hermano, ambos empresarios del sector de la tecnología
La Fiscalía pide 17 y 7 años de cárcel para un matrimonio afín al Estado Islámico que presuntamente creó un entramado de empresas para financiar a terroristas del Dáesh y que cometieran atentados, además de facilitar el envío de drones a Siria.
La Audiencia Nacional juzgará desde el lunes a Ataul H., que se enfrenta a una petición fiscal de 17 años de cárcel: diez por pertenencia a organización terrorista y otros siete por financiación, en tanto que para su mujer, Ana María G., la Fiscalía solicita siete años por organización terrorista.
Según el Ministerio Público, el acusado se radicalizó en 2013 junto a su hermano, ambos empresarios del sector de la tecnología, en Cardiff (Gales), donde atrajo a su esposa al ideario yihadista.
El hermano abandonó Gales en julio de 2014 para establecerse por poco tiempo en Turquía antes de dar el salto, en octubre, a Siria para alistarse en el Estado Islámico. Fue abatido en diciembre de 2015 en un ataque de drones estadounidenses en la urbe de Raqqa.
Los acusados se marcharon en julio de 2014 a Bangladesh y crearon una sociedad dentro del grupo familiar Ibacs Corporation Ltd que utilizaron supuestamente para enviar dinero a terroristas a EE.UU y Bangladesh y material tecnológico a Siria.
Entre marzo y junio de 2015, Ataul H. hizo varias transferencias por valor de 7.800 dólares en internet a personas con residencia en Estados Unidos para que planearan ataques terroristas.
Uno de los receptores fue detenido por agentes del FBI en diciembre del mismo año, y se declaró culpable de colaboración en actividades relacionadas con la financiación del terrorismo.
El acusado, consejero delegado de las empresas, envió 47.000 dólares desde España a Bangladesh y previo paso por China a través de un sistema de confianza "hundi", fuera de los controles del mercado bancario regulado que no deja rastro.
Tanto los portadores del dinero como el destinatario fueron arrestados por los servicios de inteligencia del país asiático, entre ellos el padre y uno de los hermanos del acusado.
El matrimonio participó de forma activa, según la Fiscalía, en la entrega al Estado Islámico de material tecnológico como cables, baterías, antenas escáner, detectores de frecuencia y productos de radio control para que fueran empleados en ataques con drones desde que el hermano se asentara en Siria.
Ataul H. y Ana María G. regresaron a España en diciembre de 2015 vía Lisboa para instalarse en Mérida, desde donde pusieron en marcha una nueva sociedad con ella como administradora única, pero en la que el marido era el verdadero conocedor del negocio.
Para el Ministerio Público, la acusada sabía del uso de la sociedad por su marido, al que reclama una multa de 100.000 euros, para suministrar tecnología al Dáesh.
Las pesquisas determinaron hasta un total de 295 búsquedas relacionadas con tecnología de drones "avión explosivo", "bombardeo", "espía" y "entrenamiento" con fines militares, así como conversaciones e imágenes sobre temática yihadista.
