También otros seis cargos del mismo departamento por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por una causa de los cursos de formación
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha confirmado el procesamiento el exdelegado de Empleo en Huelva Eduardo Muñoz y otros seis cargos del mismo departamento por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el marco de la causa de los cursos de formación.
Junto a Muñoz están investigados en la causa el secretario general de Empleo, José Martínez Iglesias; el jefe del Servicio de Formación para el Empleo, José Ángel Gil Flores; el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua, Manuel María Velázquez Cabrera, además de dos técnicos de la Comisión de Valoración y la persona responsable de justificar las subvenciones.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado a Efe que la Audiencia ha desestimado los recursos presentados por los procesados y confirmado el auto del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva que ordenaba la continuación de la causa por procedimiento abreviado y emplazaba a las acusaciones a presentar sus escritos y con ello solicitar la apertura de juicio oral o por contra el sobreseimiento de la causa.
De hecho, según las fuentes, la Junta de Andalucía ya ha presentado escrito pidiendo el sobreseimiento de la causa y se está a la espera de que la Fiscalía o bien presente uno en el mismo sentido o de acusación.
En el auto confirmado el juez exponía que "tras la instrucción, se considera que existen suficientes indicios de delito en la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, que ha permitido, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas".
Entendía el juez que había quedado constatado a lo largo de la instrucción que el máximo responsable era el jefe de Servicios de Formación para el Empleo y precisaba que "todo el proceso de selección y baremación de entidades beneficiarias se ha realizado de manera arbitraria por su parte, y bajo sus instrucciones, con la anuencia y colaboración del Director Provincial, se constituyó el órgano colegiado dedicado a la valoración, en la que sus miembros eran meros convidados de piedra".
Con respecto al exdelegado de Empleo indicaba que "era conocedor de que el procedimiento de selección y baremación de entidades beneficiarias no se ha realizado acorde a la legalidad, y que conocía o podía conocer que se estaban asignando fondos públicos a entidades que no cumplían con los requisitos legalmente establecidos; manteniendo una estructura desigual, principalmente en cuanto a la justificación de las subvenciones, que favorecía la absoluta falta de control del dinero entregado".
